Urge una amnistía para que candidatos técnicos tomen revalida.
(El Capitolio –11 de marzo de 2026) – El comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), Abner Gómez Cortés, favoreció el Proyecto de la Cámara 999 que enmienda la “Ley de la Junta Examinadora de Emergencias Médicas” para armonizarla a los estándares nacionales de modo que se pueda expandir la cantidad de técnicos de emergencias médicas que laboran en la Isla.
Durante vista pública de la Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el funcionario, quien es a su vez paramédico licenciado, expresó que “el cambio busca que el sistema de regulación profesional en Puerto Rico permanezca a la par con las mejores prácticas nacionales”, mientras se protege la seguridad pública.
Así también se mostró de acuerdo con la eliminación o revisión de ciertos requisitos que no guardan relación directa con las competencias clínicas que requieren la profesión, entre la que mencionó la obligatoriedad de tener la licencia de transporte emitida por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), para poder renovar el registro de paramédico.
Además, favoreció que se eliminen los requisitos de certificaciones más allá del certificado de resucitación cardiopulmonar básico que es el estándar nacional, ya que son obstáculos para que los candidatos puedan acceder a la licencia luego de haber completado los estudios.
Gómez Cortés expresó que deben ser eliminados “el exceso de certificaciones previas al licenciamiento que no forman parte de los estándares nacionales de certificación, así como otros requisitos adicionales de carácter administrativos, que encarecen o prolongan el proceso de formación sin evaluar directamente las destrezas clínicas del profesional”.
A preguntas de los representantes el deponente informó que los costos de renovación del registro de técnicos de emergencias médicas van de 800 a 1,000 dólares.
“La eliminación o revisión de estos requisitos no compromete la seguridad pública, ni la calidad de los servicios de emergencia médicas, ya que las competencias clínicas esenciales continúan siendo evaluadas mediante los procesos de formación académica, certificación profesional y supervisión médica establecidos en los estándares nacionales aplicables a esta profesión”, dijo el funcionario.
Añadió que con estas enmiendas se eliminan requisitos que “impactan directamente la capacidad del sistema para reclutar, formar y retener técnicos y paramédicos. Esto, sin duda, tiene consecuencias directas en la capacidad de respuestas a emergencia en nuestra Isla, pues podría provocar una merma en el reclutamiento, la cual debemos abordar de manera oportuna y responsable
A preguntas del representante Rodríguez Aguiló, el comisionado afirmó que en la actualidad existe una necesidad apremiante de estos profesionales ya que, debido a esta ley, se han perdido candidatos para atender las emergencias. Estimó en 300 el número de paramédicos para que el NCEM, pueda estar “en condiciones óptimas, como mínimo necesitamos 100”, dijo el funcionario.
Asimismo, dio su visto bueno a que el examen práctico sea eliminado y sustituido por evaluaciones en torno a las competencias clínicas, las cuales serán certificados por los directores médicos de los servicios de emergencias médicas, ya sea estatales, municipales, privados o voluntarios.
“La implementación de modelos como éste permite verificar de manera continua que los profesionales mantengan las destrezas necesarias para ejercer sus funciones de forma segura, efectiva y conforme a los protocolos médicos vigentes”, argumentó el deponente.
También favoreció que se baje el por ciento necesario de la reválida a un 70 por ciento, ya que actualmente es un 80 por ciento, con lo cual más candidatos podrán laborar en este campo de la salud.
Igualmente, respaldó la restitución del curso de técnico de emergencias médicas paramédico “lo que permitirá que los estudiantes de programas técnicos, lo cual incluye a estudiantes en escuelas superiores vocacionales, puedan tomar el examen de reválida”.
Asociación de Ambulancias califica como “crítica” la escasez de paramédicos
A renglón seguido, el presidente de la Asociación de Ambulancias Puertorriqueñas, Carlos Astacio, organización que agrupa a un gran número de los proveedores de ambulancias privadas en Puerto Rico, respaldó la medida ante el cambio en las realidades operacionales del país en los últimos años el cual requiere un número mayor de estos profesionales quienes son el primer contacto clínico que recibe el paciente.
“Hoy enfrentamos una escasez crítica de Técnicos de Emergencias Médicas, una presión creciente sobre los servicios prehospitalarios y un aumento en la demanda de servicios de ambulancia. En ese contexto, algunas interpretaciones regulatorias actuales han terminado creando obstáculos que dificultan la entrada de nuevos profesionales al sistema”, expuso Astacio.
Mencionó que “los cambios regulatorios han generado efectos adversos en el desarrollo de la profesión. Entre estos se encuentran el aumento de requisitos administrativos, múltiples certificaciones previas al licenciamiento y cambios en el proceso de reválida que han reducido significativamente la cantidad de profesionales que pueden integrarse al sistema”.
Debido a estos requerimientos, “actualmente muchos proveedores de ambulancias, hospitales y municipios enfrentan grandes dificultades para reclutar y retener Técnicos de Emergencias Médicas, lo que impacta directamente la capacidad de respuesta del sistema y los tiempos de atención a los pacientes”.
Ante este cuadro, recomendó declarar una amnistía de emergencia para las personas que hayan completado cursos acreditados de técnicos en su modalidad básica, “permitiendo otorgar licencias permanentes y facilitar su integración inmediata al sistema”.
Por su parte, el presidente de la Junta Reglamentadora de Licenciamiento y Disciplina de la Técnica de Emergencias Médicas en Puerto Rico, Amaury Martínez, respaldó con enmiendas la pieza de la representante Tatiana Pérez Ramírez.
Martínez propuso que solo se exija como requisito de licenciamiento a los técnicos de emergencias básicos, el curso de certificación de “basic life support” requerido para profesionales de la salud expedido por la Asociación Americana del Corazón y el caso de los paramédicos deberán completar el curso de “Advanced Cardiac Life Support” ofrecido por la misma entidad.
Manifestó que estas certificaciones “deberían ser establecidos mediante reglamento por la Junta, debido a la imprevisibilidad de los avances tecnológicos”.
El deponente, sugirió además que, si el promedio para aprobar la reválida es disminuido, no se elimine la parte práctica del examen que “es el mecanismo adecuado donde los aspirantes demuestran dominar las competencias necesarias para atender adecuadamente las situaciones que se pueden presentar durante la prestación de servicios médicos”.
Puntualizó que en el futuro la meta sería que los técnicos estén certificados usando los estándares del “National Registry of Emergency Medical Technicians”, pero al presente deben mantenerse el examen teórico y el práctico en lo que se alcanza este nivel de medición.
Martínez favoreció la restitución del curso técnico de emergencias médicas “siempre que se mantenga también en la ley los cursos a nivel de grado asociado”.
El director académico del Centro de Estudios Avanzados para el Personal de Emergencias Médicas (CEAEM), el Dr. Bolivar Pagán, afirmó en la vista pública, que el futuro del paramédico en Puerto Rico debe moverse a la profesionalización mediante una ampliación de sus conocimientos, de modo que sea un aliado en el sistema de salud.
Pagán señaló que, si la medida busca equiparar los servicios de paramédico con los niveles de los Estados Unidos, la vía es mediante enmiendas que apoyen la profesionalización del paramédico bajo una estructura académica de grado asociado o bachillerato, tal y como se ha movido la discusión en los estados de la nación.
“En las últimas dos décadas, la discusión en los Estados Unidos sobre la educación de los paramédicos ha girado en torno a la transición de un modelo de oficio técnico a uno profesional aliado a la salud”, especificó.
Según explicó, “entidades como la “National Association of EMS Educators” (NAEMSE, por sus siglas en inglés) han liderado la discusión sobre por qué el grado de bachillerato deben ser el estándar mínimo para esta profesión”
“La premisa fundamental es que el entorno prehospitalario moderno no solo requiere destrezas manuales, sino una capacidad de razonamiento clínico crítico que solo se adquiere a través de la una formación académica integral, incluyendo ciencias básicas, fisiopatología avanzada y ética médica”, abundó Pagán.
Por lo que sostuvo que la propuesta presentada por la medida “de regresar a cursos técnicos, representa un desafío a la sostenibilidad de los estándares clínicos actuales y a la competitividad de la profesión”.
Por ende, el galeno recomendó, crear la Oficina de Emergencias Médicas de Puerto Rico (OEMSPR), como ente regulador con peritaje clínico para elevar la calidad del servicio paramédico en la Isla, ya que la actual Junta Examinadora es un ente cuyo alcance se limita a la otorgación de licencias y procesos disciplinarios.
Al panel de discusión se unió Marla Ortíz Dávila, enfermera licenciada, doctora en administración de enfermería, con maestría en materno infantil, para apoyar la pieza, para procurar “un balance adecuado de mantener estándares profesionales de calidad y garantizar el acceso razonable a la profesión de manera que el sistema emergencias médicas cuente con el personal capacitado necesario para responder a las necesidades del país”.
El representante Rodríguez Aguiló informó que la Comisión de Salud tomará en cuenta las recomendaciones de los deponentes, en específico lo referente a bajar el por ciento de la reválida y la eliminación del requisito de la licencia de transportación, así como incluir las enmiendas en el reglamento vigente, descartando la creación de un nuevo reglamento.
“Queremos atender el tema de los paramédicos porque como dijo la compañera Sol Higgins, no se le presta la atención que amerita esta profesión y lo esto implica”, argumentó el legislador Rodríguez Aguiló quien aseguró que su objetivo es lograr el mejor proyecto posible que atienda las necesidades de la ciudadanía.
Por su parte, la autora de la medida afirmó que “tenemos un norte y un fin, que es salvar vidas, puesto que hoy puede ser una persona en la PR-2 en Camuy, pero mañana puede ser mi mamá o mi papá, o alguno de ustedes, así que jamás voy a menospreciar la profesión porque gracias a ella, soy la mujer que soy hoy en día”, ya que su progenitor ejerció durante muchos años esta profesión.
Durante los trabajos participaron las representantes Lourdes Ramos Rivera y Sol Higgins Cuadrado.
