SAN JUAN, Puerto Rico – El 25 de febrero de 2026, tras un juicio con jurado de tres días, Luis Ángel Domenech-Acabá fue declarado culpable de dos cargos de explotación infantil: producción y posesión de pornografía infantil. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado Colón, presidió el juicio.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional, anunciaron que, según las pruebas presentadas en el juicio y revisadas por el jurado, Domenech-Acabá explotó sexualmente a una menor de edad desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018, aproximadamente. Las pruebas demostraron que utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería por internet para persuadir, inducir, seducir o coaccionar a la menor a participar en actividades sexuales con el fin de producir representaciones visuales de dicha conducta.
“Proteger a los niños de la explotación sexual es una de nuestras principales prioridades”, declaró el fiscal federal W. Stephen Muldrow. “Este veredicto transmite un mensaje claro: quienes explotan a menores y comercian con material de abuso sexual infantil serán plenamente responsables y enfrentarán consecuencias significativas por sus delitos”.
“Este veredicto brinda esperanza a todas las víctimas que sufrieron un dolor indescriptible a manos de este individuo, un adulto de confianza cercano a la familia. Ahora que nuestras fuerzas del orden lo llevaron ante la justicia, las víctimas pueden centrarse en su proceso de sanación. HSI seguirá colaborando con nuestros socios locales para identificar y procesar a quienes se aprovechan de nuestros niños”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI.
Durante el juicio, el gobierno presentó testimonios y pruebas digitales que establecen que, utilizando teléfonos celulares y otros dispositivos, Domenech-Acabá produjo imágenes y videos que mostraban a una menor de edad en una conducta sexualmente explícita. También poseía imágenes y videos de la menor y de otros menores en conducta sexualmente explícita, los cuales guardaba en una carpeta segura en su teléfono celular.
Por producción de pornografía infantil, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta 30 años de prisión; por posesión de pornografía infantil, enfrenta hasta 20 años. La sentencia está programada para el 14 de mayo de 2026 a las 10:00 a. m. Se ordenó la detención del acusado bajo custodia de la Oficina de Prisiones en espera de la sentencia.
La División de Investigaciones de Seguridad Nacional investigó el caso con la colaboración del Departamento de Policía de Puerto Rico. Las fiscales federales adjuntas Daynelle Álvarez-Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra la Niñez, Trata de Personas e Inmigración, procesaron el caso.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil, el Proyecto Niñez Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Niñez Segura, visite www.justice.gov/psc.
