SAN JUAN, Puerto Rico – El 23 de febrero de 2026, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado, condenó a Juan Carlos Cruz Hernández a 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y la restitución de $32,000 por su participación en una conspiración de soborno y fraude electrónico, así como en un plan para defraudar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP), anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Otros tres acusados fueron previamente imputados junto con Cruz Hernández; dos serán sentenciados en marzo de 2026 y uno está a la espera de juicio. Los cuatro acusados fueron imputados el 17 de julio de 2024 y arrestados el 18 de julio de 2024. Juan Carlos Cruz Hernández se declaró culpable el 6 de mayo de 2025 de conspiración para cometer soborno en relación con un programa que recibía fondos federales, soborno en un programa federal, conspiración para cometer fraude electrónico y privación de servicios honestos a un funcionario público, y fraude electrónico y privación de servicios honestos.
El acusado Juan Carlos Cruz Hernández negoció y pagó sobornos a varios empleados públicos del DTOP que trabajaban en los Centros Regionales de Servicios para Conductores (CESCO) ubicados en Caguas y Carolina, Puerto Rico. Durante el esquema de sobornos, Juan Carlos Cruz Hernández pagó aproximadamente $66,000 a varios empleados del DTOP. Estos sobornos se realizaron a cambio de ciertos actos oficiales, como el acceso a información del DTOP-CESCO, la obtención de documentación duplicada y la eliminación de multas a conductores y vehículos. Los empleados del DTOP eran responsables de acceder a la información de los conductores y vehículos, y entre otras cosas, tenían la capacidad de anular las multas impuestas a conductores y vehículos.
El Fiscal Federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y Yariel Ramos, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, hicieron el anuncio.
Investigaciones de Seguridad Nacional estuvo a cargo de la investigación del caso.
La Fiscal Federal Adjunta Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, procesó el caso.
