(El Capitolio – 10 de febrero de 2026) – Entidades comunitarias que históricamente se han opuesto a la canalización del río Piedras, en San Juan, advirtieron que las personas de edad avanzada serán la población más vulnerable frente a los posibles efectos ambientales y sociales adversos de este proyecto que han sido señalados, durante décadas, por residentes de los sectores adyacentes.
“Para las personas mayores, que dependen de entornos estables, espacios públicos accesibles y redes comunitarias sólidas, estos cambios pueden influir significativamente en la vida cotidiana y el bienestar a largo plazo”, afirmó la doctora Janis González, investigadora biomédica y vecina de la urbanización University Gardens.
La científica detalló este martes ante la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, presidida por Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, que el censo de las comunidades fronterizas con el río Piedras es de aproximadamente 50,000 personas, de las cuales un 30 % son residentes mayores de 65 años.
La pérdida de espacios verdes naturales, el aumento en el calor urbano y mayor riesgo de inundaciones son algunos de los impactos negativos del proyecto impulsado desde 1978 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés), aseguró la líder comunitaria.
“Los adultos mayores son particularmente vulnerables al estrés térmico, la deshidratación y la tensión cardiovascular, lo que convierte estos cambios microclimáticos en una amenaza directa para la salud y el bienestar”, afirmó González, en referencia a los canales revestidos de hormigón que, según su criterio, contribuyen al calentamiento localizado.
La especialista en biomedicina añadió que la ansiedad y angustia en los adultos mayores que habitan las áreas afectadas –que consisten en las urbanizaciones University Gardens, Jardines Metropolitanos, Villa Nevárez y Reparto Metropolitano– son enfermedades crónicas que ya son evidentes en esta población.
“Muchos de ellos no sobrevivirán el extenso proceso de destrucción de la ribera y el bosque urbano. Por los próximos cinco a diez años, la comunidad estaría expuesta al aumento constante en la contaminación del aire y ruidos de las maquinarias; aumento en las temperaturas ambientales; aislamiento social; y depreciación de las propiedades”, pronunció González a preguntas del representante Ocasio Ramos.
El legislador es propulsor de una investigación sobre el acceso a la información y la participación de los adultos mayores en el desarrollo del proyecto. El estudio legislativo surge de la Resolución de la Cámara 438, a la que el representante Denis Márquez Lebrón se unió como coautor.
Según Ocasio Ramos, la medida fue presentada luego de participar en septiembre de 2025 en una vista ocular donde organizaciones y miembros de la comunidad manifestaron su intranquilidad sostenida con la canalización “innecesaria” del río. Esas entidades conformaron el primer panel de deponentes en el proceso vistas públicas que inició hoy en la Cámara, informó el legislador.
“Vamos a llevar esta investigación para poder hacer un buen informe y entregárselo al Cuerpo de Ingenieros”, indicó Ocasio Ramos, mientras adelantó que citó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y al Cuerpo de Ingenieros a las próximas audiencias que celebrará la comisión legislativa.
En su ronda de preguntas, el representante Márquez Lebrón abrió la discusión sobre posibles enmiendas a la Ley del Corredor Ecológico de San Juan (Ley 206-2003), que incluye márgenes del río Piedras, para añadir como áreas protegidas los sectores impactados por el proyecto de canalización.
Sin embargo, la organización GuardaRío expresó objeción con cualquier cambio propuesto a la Ley 206 debido a que, según alegó la entidad, el Cuerpo de Ingenieros persigue reubicar el cauce de la quebrada Buena Vista en zonas que atraviesan el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, una de las áreas de conservación.
“Una de las protecciones que tiene el Jardín de Botánico… frente a ese intento del Cuerpo de Ingenieros, es la misma ley que establece unas protecciones. Yo entiendo la suspicacia, pero lo que estoy buscando es aumentos de protección”, planteó Márquez Lebrón.
Reyes Rodríguez, miembro del Círculo de Trabajo de GuardaRío, propuso, en cambio, la creación de una nueva ley que extienda las protecciones del corredor ecológico hasta el estuario de la Bahía de San Juan.
Además, solicitó que la legislación reconozca la participación comunitaria de los residentes en la gestión de asuntos públicos sobre el río Piedras y se permita la formación de entidades vecinales con personalidad jurídica, como la que posee la organización G-8 del Caño Martín Peña.
“Una estructura similar a la que permitió el surgimiento del G-8 fortalecería la democracia participativa en Puerto Rico y brindaría a las comunidades las herramientas necesarias para incidir de manera efectiva en las decisiones que afectan su bienestar colectivo”, puntualizó Reyes.
Por su parte, el presidente de Comunidades Protectoras del Río Piedras, Jorge del Río, destacó que existen múltiples beneficios comprobados de tener un corredor de árboles maduros –de 50 años o más– bordeando las riberas de un río. Entre ellos, mencionó mejoría de calidad sonora, visual y del aire, así como mayor resiliencia climática ante huracanes o eventos extremos.
El representante Ocasio Ramos indicó que la próxima vista pública sobre la Resolución de la Cámara 438 está pautada para el lunes, 23 de febrero, con la participación de otras organizaciones ambientales.
