SAN JUAN-Año tras año, la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC) somete ante la Legislatura y La Fortaleza, un informe anual que detalla las investigaciones realizadas a diferentes servicios públicos y problemas que debe abordar el gobierno, pero las agencias no le han dado la meritoria atención que merecen.
Edwin García Feliciano, Ombudsman de Puerto Rico, destacó que la OPC, ha investigado el problema de disposición y reciclaje de neumáticos, el estado y uso de los planteles cerrados, la condición existente de los refugios previo a la temporada de huracanes, los derechos y servicios de los estudiantes de educación especial y hasta el maltrato infantil, entre otras situaciones.
“Las investigaciones se realizaron con precisión y detenimiento. Los hallazgos han sido referidos. Y con todo y eso, las agencias muestran laxitud en convertir los señalamientos en acción constructiva”, señaló.
De igual manera, siguió diciendo el miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FÍO), cada senador y representante, puede nutrirse de esa información, para saber cuáles son los asuntos principales que reclaman sus constituyentes, ya sea a nivel distrital o de todo Puerto Rico.
García Feliciano, quien fue alcalde por 16 años, también recordó que bajo su mandato, el Municipio de Camuy se convirtió en el único ente municipal en administrar el residencial del pueblo con un desempeño notable. Incluso, en casos de maltrato infantil, donde cualquier denuncia o sospecha, era atendida con sensibilidad, urgencia y seriedad.
A esto añadió que, desde el 2021, ha estado discutiendo el asunto con el gobierno.
El Ombudsman refirió que también su Procuraduría realizó una investigación sobre la operación de Metropistas en la PR 22, enfocada en cobros en el carril dinámico y aspectos de seguridad vial para los automovilistas. En el cuatrienio pasado la refirió a la Autoridad de Carreteras para su conocimiento y seguimiento.
Percibe el funcionario cierta lentitud o anquilosamiento en la respuesta que deben ofrecer las agencias.
“Si es necesario, podríamos hacer informes mensuales, intentando captar la atención de las agencias del gobierno. Nuestra intención es que el servicio al ciudadano siempre sea óptimo, dentro de los términos fiscales y en el tiempo requerido para su atención”, apuntó.
Contrario a otras agencias fiscalizadoras, la OPC no cuenta con la facultad en ley para imponer sanciones o multas, a las diferentes oficinas gubernamentales.
Por ello, estableció García Feliciano, su llamamiento es a trabajar de manera coordinada para allanar soluciones mucho más ágiles.
“Si ya hicimos una investigación con hallazgos definidos, ¿por qué realizar otra?”, acotó el Procurador del Ciudadano.
