(SAN JUAN – lunes, 2 de febrero de 2026) La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado celebró una rueda de prensa en la mañana de hoy para analizar la situación de la llamada reforma contributiva y presentar la tercera propuesta sobre este tema, donde cada agencia del gobierno recorte el 5% de su presupuesto para procurar un verdadero alivio a los contribuyentes. El portavoz Luis Javier Hernández Ortiz hizo un recorrido sobre el récord público.
“El 23 de diciembre de 2024, la gobernadora Jenniffer González creó un comité a cargo de impulsar lo que pretendía ser una reforma contributiva. Dicho grupo, compuesto por figuras reconocidas, tendría a su cargo el asesoramiento en temas como la reducción de tasas contributivas, incluyendo la revisión del impuesto al inventario, y la evaluación de mecanismos para su sustitución. También revisará y trabajaría el impuesto mínimo global”, explicó el portavoz.
Por su parte, el senador Josian Santiago destacó que el 12 de enero de 2026, la gobernadora presentó el Proyecto del Senado 912, “al que llamaron reforma contributiva. No era ninguna reforma, porque no había ni un solo impuesto que se eliminara, al contrario, lo que había eran cosas que hoy no pagan un impuesto, que lo pagarían de aprobarse la propuesta de la gobernadora. Nos referimos al llamado impuesto al sol. El 15 de enero de 2025, le cursamos una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que nos dejara saber su opinión sobre dicha medida. Particularmente que nos compartieran las notas, documentos, flujograma y análisis que la Junta haya realizado junto con el gobierno para impulsar las enmiendas al Código de Rentas Internas. Del mismo modo, solicitamos saber si ellos avalan o no el llamado impuesto al sol, y quién impulsaba esa propuesta, si eran ellos o la gobernadora. Y finalmente que nos dejaran saber si la llamada reforma contributiva podía o no implementarse en este ciclo contributivo”.
Ante dicha realidad, el 20 de enero de 2026, la delegación popular presentó y cursó peticiones de información a La Fortaleza y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). En la primera de ellas, se solicitó del mismo modo las notas y los documentos intercambiados entre el Ejecutivo y la Junta. “Ustedes recordarán que la Gobernadora nos dijo en la reunión convocada en la Casa del Gobernador en Cayey. que nos sometería toda esa documentación. Pues se la solicitamos a través del Senado. En esa misma fecha, en la petición que dirigimos a OGP requerimos, un informe detallado por agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades a las que se le realizan reducciones para lograr los ahorros de $200 a $300 millones para lograr la reforma contributiva.L”, aseguró Santiago.
La portavoz alterna Marially González Huertas expuso a la prensa que “nuestra delegación se reunió el 22 de enero de 2026 con el Director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, con el propósito de conocer la posición del ente federal en cuanto a estos cambios propuestos, pero también a defender lo que consideramos es una buena política pública, que es la exención de la que hoy gozan los equipos solares eléctricos, utilizados para producir y/o almacenar energía eléctrica. Tras dicha reunión le informamos a la prensa que el gobierno no le estaba hablando con la verdad a la ciudadanía. Le confirmamos que si bien nuestra posición es que sí se haga una reforma contributiva que sea correcta, que le baje las contribuciones a la clase trabajadora, sin embargo esta no puede contener nuevos impuestos. Confirmamos además que el propuesto impuesto de 11.5% al sol (placas y equipos solares) no era una petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sino que era de la administración de Jenniffer González”.
En aquel momento, la gobernadora, de viaje en Madrid, alegó que no sabía con quién la delegación PPD en el Senado se había reunido en la Junta, pero que su reforma contributiva sería una realidad. “Lo que estamos señalando ho, de manera detallada es para que el País nuevamente vea el carácter de Jenniffer González: aún sabiendo que no tenía el aval de la Junta a dos semanas de hacerse pública la reforma, continuaba vendiendo promesas a la gente”, señaló la también senadora por el distrito de Ponce.
La senadora Álvarez Conde añadió que el pasado viernes, 30 de enero de 2026, “ya entrada la tarde la Junta de Supervisión Fiscal se expresó y le puso punto final a las falsas promesas de la gobernadora. Primero: la Junta fue clara al establecer que dicha reforma viola la Ley Promesa. Segundo: dejó establecida de manera textual que la propuesta de la gobernadora afecta el presupuesto y que no existe evidencia de fondos para cumplirla. Tercero: que es inconsistente con el Plan Fiscal certificado, toda vez que reduce ingresos recurrentes sin identificar las fuentes recurrentes para reemplazarlos”. Pero esa carta también deja claro algo, que fue esta delegación del Partido Popular Democrático la primera que actuó, la primera que se movió para analizar con seriedad la llamada reforma contributiva. Distinto a la mayoría parlamentaria, que cursó comunicaciones el 20 y 21 de enero, una semana después de presentada la medida, nosotros desde el 15 de enero de 2026 estamos exigiendo datos sobre el proyecto. De manera que, dado el historial de esta administración, ya nada se le puede creer. Todo tenemos que tomarlo con pinzas y analizarlo al detalle. Las pruebas están ahí”.
En la rueda de prensa, el portavoz Hernández Ortiz expuso que “el tiempo nos vuelve a dar la razón. La gobernadora mintió cuando presentó esta llamada reforma contributiva. El impacto de dicha pieza fiscal asciende a $563 millones según el ente federal. El gobierno, en lo que presentó solo identificó $193 millones, incluyendo ahí el impuesto al sol, pero quedaban $370 millones por cumplir, que nunca pudieron decir de donde saldrían”.
Con relación a la tercera propuesta de la delegación PPD en el Senado, el portavoz expuso que mediante el presupuesto para el año fiscal 2025-2026 es de $13,095 millones, el más alto en la historia de Puerto Rico. “Este presupuesto dispuso que Hacienda remitirá a la Rama Legislativa y sus componentes, a la Rama Judicial, a la Universidad de Puerto Rico y las entidades sin fines de lucro que reciben fondos del Fondo General, mensualmente y por adelantado, las asignaciones presupuestarias correspondientes a una doceava (1/12) parte de la asignación presupuestaria. Ahora bien, también estableció una retención de un 5% de la asignación mensual remitida a estas ramas -excepto el Poder Judicial-, durante los primeros tres trimestres del año fiscal. Ese 5% puede ascender a $654 millones aproximadamente si excluimos algunos servicios que no están sujetos a retención, como el Poder Judicial. La responsabilidad primaria en este desembolso, así como en la retención del 5% la tiene en primera instancia el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.
Sobre el anunciado ‘cheque del alivio contributivo’, Hernández Ortiz señaló que “nadie se llame a engaño, el País debe saber que ya eso se hizo antes. Tampoco es que se trate de una dádiva del gobierno de Jenniffer González. Es un cheque producto del dinero que pagamos nosotros con nuestras contribuciones. Nosotros reclamamos una reforma contributiva completa. Mientras Jenniffer González y esta administración le venden falsas promesas a la gente a sabiendas de que no podrán cumplirle, nuestra delegación presenta soluciones concretas para darle a Puerto Rico una verdadera reforma contributiva. Finalmente, exhortamos a la gobernadora de Puerto Rico que se devuelvan los cientos de miles de dólares gastados en promoción y publicidad porque todos ellos sabían de antemano que la JSF les iba a señalar que no había fuente de pago para sus promesas contributivas”, finalizó el portavoz.
