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(Ponce, PR- 20 de enero de 2026) El representante del PPD por el Distrito 24 de Ponce, Ángel Tito Fourquet, un proyecto de ley para garantizar que el cien por ciento (100%) de la pensión de un policía activo que fallezca, independientemente de si el deceso ocurrió en cumplimiento del deber o por causas no relacionadas al servicio, pase a sus hijos menores de edad.
La medida legislativa fue presentada a petición del exrepresentante del Distrito 23, José Cheito Rivera Madera, y del presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández, como resultado de múltiples reclamos del liderato policiaco y de un análisis profundo sobre las deficiencias del marco legal vigente en materia de protección a las familias de los agentes del orden público.
El Proyecto de la Cámara 1066, dispone que los hijos de policías fallecidos recibirán el 100% de la pensión que le hubiese correspondido al agente, hasta los 18 años de edad, o hasta los 21 años si continúan estudios postsecundarios luego de graduarse de escuela superior. Además, aclara que este beneficio no representa impacto fiscal al presupuesto general ni al Plan Fiscal del Gobierno, ya que se sufraga con las aportaciones acumuladas por el propio agente en el sistema de retiro correspondiente .
“El sacrificio de nuestros policías no termina con su muerte. El Estado tiene el deber moral y social de asegurar que sus hijos no queden desamparados. Esta legislación corrige una injusticia histórica y envía un mensaje claro de respaldo a nuestra fuerza policial”, expresó el representante Fourquet al someter la medida.
Por su parte, el exrepresentante, José Cheito Rivera Madera, destacó que la propuesta busca eliminar la disparidad existente entre los beneficios otorgados cuando un agente fallece en cumplimiento del deber y aquellos casos en que la muerte ocurre por otras causas, subrayando que “el dolor de una familia y la necesidad de estabilidad económica de los hijos no dependen de las circunstancias del fallecimiento”.
A su vez, el presidente de APUL, Gabriel Hernández, señaló que la iniciativa representa “un paso fundamental para fortalecer la moral de la uniformada y para atraer nuevos reclutas, al garantizar que sus familias estarán protegidas con una pensión digna”.
La medida aplicará exclusivamente a nuevos casos, es decir, a fallecimientos ocurridos luego de la entrada en vigor de la ley, y ordena la adopción de reglamentación expedita para asegurar su implementación efectiva.
Con esta acción legislativa, la Cámara de Representantes reafirma su compromiso con la justicia social, la seguridad pública y el reconocimiento del sacrificio de quienes dedican su vida a proteger al pueblo de Puerto Rico.
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