Planteamiento fue levantado durante vista pública del Senado de Puerto Rico
(El Capitolio, San Juan, Puerto Rico. Jueves, 8 de enero de 2026) – La senadora Nitza Morán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, reiteró hoy la necesidad de atender con urgencia una laguna en la ley vigente relacionada al cobro de cargos por servicio en eventos multitudinarios, al quedar evidenciado que dicha disposición afecta directamente a los consumidores.
Durante la vista pública celebrada hoy como parte del proceso de evaluación del nominado a secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, la senadora expuso que el llamado cargo por servicio u otros cargos, que ronda los tres dólares por boleto en conciertos y eventos realizados en centros de convenciones y otros recintos, está permitido conforme a la ley según fue aprobada.
“Según está redactada y aprobada la Ley, los consumidores se ven obligados pagar ese cargo por servicio que es injusto e injustificado y, en caso de cancelación del evento, no el consumidor se ve desprovisto de la devolución de ese dinero contrario a la devolución del costo del boleto que es 100 %. Esa es la realidad legal que hoy quedó evidenciada en vista pública”, expresó la senadora Morán.
La senadora reitera una confusión en la interpretación ya que se entiende que dicho cargo debe cancelarse o no cobrarse. Sin embargo, enfatizó que esa postura no se sostiene a la luz del texto legal vigente, lo que ha generado confusión pública sobre los derechos reales y la protección al consumidor.
“El problema no es de opiniones, sino de una ley que permite el cobro y, al mismo tiempo, no obliga a la devolución cuando el servicio no se presta. Esa ambigüedad termina beneficiando a promotores y operadores de recintos, mientras el consumidor asume la pérdida”, añadió.
Morán sostuvo que el hecho de que el cobro sea legal no significa que sea justo ni que responda al mejor interés del pueblo. “Nuestro deber como legisladores es corregir aquellas disposiciones que, aunque legales, resultan injustas para los ciudadanos. La protección al consumidor tiene que ser clara, firme y sin interpretaciones contradictorias”, puntualizó.
Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la senadora reafirmó su compromiso de impulsar una revisión responsable de la legislación vigente para cerrar estas lagunas y garantizar mayor transparencia y equidad en la industria de eventos.
“Este es un asunto que hay que atender a favor del pueblo. Puerto Rico necesita reglas claras que protejan al consumidor y eviten que se sigan cobrando cargos por servicios que no se ofrecen”, concluyó.
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