La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico- 19 de diciembre de 2025 – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, sostuvo ayer una reunión de trabajo con representantes de ocho gremios de la Policía de Puerto Rico, acompañada por su equipo de trabajo, con el objetivo de escuchar de primera mano las preocupaciones de los agentes y continuar fortaleciendo el sistema de seguridad pública en la isla.
En el encuentro participaron el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), licenciado Francisco Domenech; de parte de la Policía el superintendente Joseph González; los superintendentes asociados y coroneles Diana Crispín Reyes y Orlando Rivera Lebrón, la coronel Jojanie Mulero, el capitán José L. Rosa y el licenciado José Vázquez; así como el senador Gregorio Matías, presidente del Comité de Seguridad Pública del Senado, el representante Félix Pacheco, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y Oscar Ramos asesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza.
Durante la reunión se abordaron diversos asuntos de interés para los policías, incluyendo iniciativas dirigidas a mejorar los recursos, la coordinación interagencial y la eficiencia del sistema de seguridad pública en todo Puerto Rico.
“Como parte de esta reunión, se discutió el proceso para la contratación de una compañía, a través de la Administración de Servicios Generales, que llevará a cabo una auditoría el próximo año. Esta auditoría permitirá evaluar la deuda emitida por pasadas administraciones, con el fin de iniciar el pago de lo que se le adeuda a nuestros policías”, expresó la gobernadora.
Asimismo, se dialogó sobre la importancia de dar continuidad a los esfuerzos de limpieza y mantenimiento de los cuarteles alrededor de la isla, con el objetivo de garantizar espacios de trabajo dignos y adecuados para los miembros de la uniformada.
De igual forma, la gobernadora abordó el tema del aumento salarial para los agentes, esfuerzo en el que según explicó el componente fiscal del Gobierno, incluyendo AAFAF y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), ha estado trabajando en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal.
“La realidad es que enfrentamos un problema estructural. Los policías recién reclutados reciben un salario que no compite con los estados, y en muchos casos no se han revisado las escalas salariales desde los años 2005, 2018 y 2020. Este es un asunto que hemos tomado con seriedad. Como parte de este esfuerzo, el Gobierno de Puerto Rico ya ha identificado recursos para coordinar con la Junta de Supervisión Fiscal y poder actualizar las escalas salariales de la Policía de Puerto Rico, haciendo finalmente justicia a nuestros policías”, sostuvo González Colón.
En esa misma línea, la gobernadora informó que espera lograr un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal antes de que culmine el primer semestre del próximo año.
Se informó que, a partir del 26 de enero, se activará la Academia de la Comisión de Juegos; donde se dará un adiestramiento a agentes del orden público y de otras agencias, para estar en cumplimiento y ejecutar la Ley 40 de 2020 con el nuevo reglamento para la confiscación de máquina.
En ese contexto, la Comisión de Juegos notificó a los dueños de estas máquinas que, a partir del 14 de enero de 2026, deberán contar con el sistema de interconexión correspondiente; aquellas que no cumplan con este requisito serán incautadas y los fondos recaudados se destinarán al Fideicomiso de la Policía de Puerto Rico.
Los representantes de los gremios participantes fueron: Jaime Morales Rodríguez, de la Corporación Organizada de Policía y Seguridad (COPS); Carlos Haddock Román del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO); Gabriel Hernández Ramos de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL); José D. González Montañez de la Asociación de Policías Organizados (APO); Carlos Luis Rosado del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP); Fernando Soler Beltrán del Concilio Nacional de Policías (CONAPOL)l Lowell Matos Acosta del Cuerpo Organizado de la Policía Incorporado (COPI); y Ángel L. Troche Vargas de la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas (ASPRA).
