SAN JUAN, P.R. – El 17 de diciembre de 2025, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra ocho mujeres por participar en un esquema de fraude para obtener compensación por desempleo del Departamento del Trabajo de Puerto Rico (DPT) por un total de $619,923 y realizar pagos de sobornos a un funcionario público, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. La Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) están a cargo de la investigación con la asistencia de la Policía de Puerto Rico, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico inició la remisión a las autoridades federales.
Según la acusación formal, los acusados conspiraron para presentar información falsa con el fin de obtener fraudulentamente la compensación por desempleo del Departamento de Trabajo de Puerto Rico (PRDOL). Esto se hizo mediante el uso de información personal falsa, el uso de información de identificación de otras personas y la provisión de información falsa relacionada con el historial laboral. La acusada Luz Garay-Osorio, valiéndose de su puesto como empleada del PRDOL, realizó cambios en el sistema del PRDOL para que los miembros de su familia fueran elegibles para recibir beneficios por desempleo, Asistencia por Desempleo Pandémico y Asistencia por Desempleo por Desastre. Garay-Osorio también utilizó su puesto como entrevistadora del PRDOL para presentar reclamaciones fraudulentas, crear historial laboral falso, modificar los cambios históricos y realizar determinaciones monetarias y no monetarias. Además, Garay-Osorio presentó reclamaciones fraudulentas utilizando las identidades de otras personas e hizo que se pagaran beneficios a cómplices, incluyendo a miembros de su familia.
Los acusados obtuvieron fraudulentamente aproximadamente $619,923 en beneficios y Garay-Osorio recibió aproximadamente $142,507 en pagos de sobornos de la siguiente manera.
[1] Luz Garay-Osorio directly received approximately $13,308 in fraudulent benefits.
[2] Glenda Garay-Osorio received approximately $107,291 in fraudulent benefits and transferred approximately $17,857.00 to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[3] Tatiana Skerrett-Garay received approximately $46,834 in fraudulent benefits and transferred approximately $20,597.98 to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[4] Ariana Skerrett-Garay received approximately $45,946 in fraudulent benefits and transferred the entire amount to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[5] Dayanara Aquino-Garay received approximately $73,950 in fraudulent benefits and transferred approximately $10,575.00 to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[6] Nashaly Vega-Garay received approximately $102,670 in fraudulent benefits and transferred approximately $21,423.00 to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[7] Almarys De Jesús-Garay received approximately $13,803 in fraudulent benefits and transferred approximately $1,000.00 to the bank account of Luz Garay-Osorio.
[8] Mariela Cabrera-Vistel received approximately $58,015 in fraudulent benefits and caused the purchase of 18 money orders totaling $17,500 that were deposited in the bank account of Luz Garay-Osorio and an additional approximately $7,609 was transferred to the bank account of Luz Garay-Osorio.
Además de ser acusado de conspiración para robar fondos federales y fraude postal de servicios honestos, Garay-Osorio también enfrenta cargos de lavado de dinero y robo de identidad agravado. Posteriormente, Garay-Osorio fue despedido por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico.
“Estos acusados participaron en un plan para defraudar al Departamento del Trabajo de Puerto Rico utilizando la confianza de un empleado para presentar numerosas solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo cuando no tenían derecho a dichas prestaciones”, declaró el fiscal federal Muldrow. “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con nuestros homólogos estatales y federales, seguirá exigiendo responsabilidades a quienes intenten explotar las prestaciones federales para su beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes. Encomiamos la excelente labor y colaboración de nuestros socios en la investigación de este caso”.
“Una parte importante de la misión de la Oficina del Inspector General es investigar las denuncias de fraude relacionadas con el programa de seguro de desempleo del Departamento de Trabajo de EE. UU. Continuaremos trabajando con nuestros aliados en las fuerzas del orden para investigar este tipo de denuncias”, declaró Jonathan Mellone, Agente Especial a Cargo de la Región Noreste del Departamento de Trabajo de EE. UU., Oficina del Inspector General.
“Esta investigación subraya nuestro compromiso de proteger los fondos públicos y exigir responsabilidades a quienes abusan de puestos de confianza para obtener beneficios personales”, declaró Joe Rodríguez, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “El FBI seguirá trabajando estrechamente con nuestros aliados en las fuerzas del orden para identificar, investigar y enjuiciar los esquemas fraudulentos que socavan programas de asistencia cruciales y perjudican a nuestras comunidades”.
“El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. se compromete a colaborar con nuestros socios policiales federales, estatales y locales para investigar y llevar ante la justicia a quienes defraudan al contribuyente estadounidense y utilizan fraudulentamente el sistema postal nacional”, declaró Bladismir Rojo, Inspector Postal a Cargo de la División de Miami.
El fiscal federal adjunto Scott Anderson está a cargo de la acusación del caso. De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 5 años de prisión por robo de fondos públicos y conspiración. Luz Garay-Osorio también podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude postal de servicios honestos y una sentencia obligatoria de dos años de prisión por robo de identidad agravado. Además, Luz Garay Osorio y Mariela Cabrera Vistel podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por conspiración para lavado de dinero. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Luz Garay-Osorio es la novena empleada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ser acusada o declararse culpable de un delito federal de corrupción desde 2024. Véase Estados Unidos v. Antonio Silva-Rodriguez (empleado de Hacienda – CR 23-452(CVR)); Estados Unidos v. Hector Vazquez-Barroso (empleado de Hacienda – CR 23-452(CVR)); Estados Unidos v. Doris Bonilla-Valle (empleada de Hacienda – CR 23-452(CVR)); Estados Unidos v. Nancy Baez-Flores (empleada de CESCO – CR 24-238(PAD)); Estados Unidos v. Joselyn Figueroa-Rosario (empleada de CESCO – CR 24-238(PAD)); Estados Unidos v. Javier Relta-Lebron (empleado de Hacienda – CR 25-434(PAD)); Estados Unidos v. Harry Muriel-Falero (empleado de Hacienda – CR 25-434(PAD)); Estados Unidos contra Elsa Santiago-Colón (empleada de Hacienda – CR 25-492(SCC)).
Para denunciar un esquema de fraude o actividad sospechosa relacionada con la COVID-19, comuníquese con el Centro Nacional contra el Fraude en Desastres (NCDF) llamando a la línea directa del NCDF al 1-866-720-5721 o a través del formulario de quejas web del NCDF en: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
