(El Capitolio)— La Comisión de Asuntos Municipales que preside el senador José A. “Josian” Santiago Rivera, evaluó en vista pública el Proyecto del Senado 302, que propone enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para reformar los procesos de contratación añadiendo el mecanismo de subastas relacionados al manejo de desperdicios sólidos a nivel municipal.
“Cuando miramos el proyecto lo que nos planteamos es cuál sería el modelo correcto a implementar. Número uno, limitar estos contratos sólo a subasta pública. Número dos, que estos contratos se puedan trabajar sólo a base de solicitudes de propuestas. Número tres, permitir un modelo híbrido, que puedan haber momentos en que sea subasta pública o mediante solicitud de propuesta para facilitar a los municipios el proceso de negociación de un modelo híbrido que se pudiera dar mediante la solicitud de propuesta… Cada municipio tiene sus particularidades”, dijo Santiago sobre la medida de la autoría de la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve.
El proyecto establece como norma general la obligatoriedad de la subasta pública para la otorgación de contratos dirigidos al establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos, la prestación de estos servicios esenciales y el arrendamiento de propiedad municipal vinculada a dichas operaciones. La medida, según expone la exposición de motivos, surge ante preocupaciones sobre el uso recurrente de la contratación directa sin subasta, una práctica que originalmente fue concebida para atender emergencias, pero que con el tiempo ha generado señalamientos de discrecionalidad y falta de controles adecuados.
A la audiencia, compareció a deponer la Contralora de Puerto Rico, licenciada Carmen A. Vega Fournier, quien avaló la pieza legislativa. “Las enmiendas propuestas refuerzan la política pública de transparencia y sana administración de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.003 del Código Municipal. La obligatoriedad de subasta pública, conforme al Artículo 2.035, promueve la libre competencia y reduce el riesgo de corrupción y favoritismo en la adjudicación de contratos municipales. La excepción para contratos de emergencia está debidamente delimitada, exigiendo Orden Ejecutiva y limitando su duración a 90 días, con posibilidad de extensión justificada”.
Asimismo, Vega presentó varias recomendaciones a la medida como la capacitación municipal. “Se debe proveer orientación y capacitación a los municipios sobre los nuevos requisitos de subasta pública y la publicación de contratos”. También, una auditoría preventiva; acceso a la información y vigencia; y extensión de contratos. “Se debe velar por el estricto cumplimiento de los límites de vigencia y extensión de los contratos, evitando prácticas que puedan vulnerar la intención legislativa”, añadió Vega.
Santiago pidió aclarar, que aunque la Oficina del Contralor no promulga política pública, sí avalan la medida. A esto, Vega dijo que es correcto. “Sí, la realidad es que nosotros respecto a la oficina no promulga política pública. Sin embargo, cuando son proyectos que tienen que ver con el tema de la transparencia y el mejoramiento de los municipios y las agencias, podemos dar nuestras recomendaciones”.
A su vez, el senador preguntó cómo ve la posibilidad de que pueda darse un proceso híbrido de subasta o que puedan haber procesos de solicitud de propuestas que le provean a los alcaldes y a los municipios la capacidad para ajustar la negociación a sus particulares situaciones. “Definitivamente, es un reto, sobre todo si nos enfrentamos a un huracán como fue el huracán María. Sí lo es y no es igual para todos los municipios. No todos los municipios tienen la misma facilidad de llevar a cabo esta subasta formal. El proceso híbrido claro que es una solución. Por eso es que en nuestra ponencia decimos que los alcaldes de la Federación y de la Asociación, con sus particularidades y necesidades de cada pueblo, puedan hacer sus observaciones. Yo siempre siento que hay un espacio donde se puede afinar y eliminar cualquier posible obstáculo. Por lo tanto, la medida la veo bien. Sin embargo, si los alcaldes, como usted bien menciona porque usted lo vivió, tienen alguna sugerencia de cómo eliminar mucha burocracia, sería bien visto también”, expresó Vega.
De igual forma, a preguntas del senador sobre cómo sería el proceso de capacitación municipal, la contralora indicó que están trabajando con la educación a los municipios. “Desde que llegamos, esa fue la primera tarea, porque tenemos que empezar a educar para seguir fortaleciendo las otras áreas. Una de las cosas que estamos haciendo es que si un municipio nos hace una consulta, pues nosotros le contestamos a ese municipio, pero también quitándole el nombre del municipio, le damos a todos los demás municipios esa consulta… Estamos educando a todos los municipios a base de las preguntas que nos hace un municipio”, explicó la deponente añadiendo que también estarán haciendo cápsulas visuales interactivas para los municipios.
De otro lado, también participó de la audiencia el licenciado Andrés Ríos Ramírez, en representación de la Administración de Servicios Generales (ASG), quien favoreció la medida con recomendaciones. “La postura es que el proyecto es una buena idea, en tanto, un componente que acarrea un porcentaje tan alto de los presupuestos de los municipios se someta a procedimientos de naturaleza competitiva. La experiencia nuestra es y ha sido consistentemente, que los procedimientos competitivos tienden a proveer resultados más económicos en términos generales”.
Asimismo, el deponente añadió que “hay ciertas cosas que estamos muy conscientes de ellas, en primer lugar, las dificultades que pueden surgir en estos procesos, por ejemplo, se celebre la subasta y no comparezca nadie o comparezcan muy pocas entidades. Una de las herramientas que nosotros hemos encontrado que es importantísima en este tipo de procesos es, sencillamente, la publicidad del proceso”.
Santiago preguntó cómo es posible atemperar la diversidad de los procesos por las condiciones particulares de los municipios y la disponibilidad por regiones. “Nosotros lo que hacemos en un caso de esta naturaleza es que llevamos a cabo el proceso de abrir la competencia, de negociar con las distintas entidades para que formulen sus propuestas. Una vez hacemos eso, lo ponemos a disposición de las distintas entidades, incluyendo los municipios. En otras palabras, no estoy quitando realmente a nadie la facultad de tomar decisiones. Le estoy diciendo, mira, están a tu disposición estas opciones, si te resultan factibles, las puedes utilizar.
Además, el deponente añadió que en ciertos tipos de procesos, como lo es en el caso del desperdicio sólido y otros, que tienen esa peculiaridad regional, la subasta cuando se hace e incluyendo también la solicitud de propuesta, en casos de esa naturaleza, lo hacemos por regiones.
Por otro lado, participó Jaime García, en representación de la Asociación de Alcaldes, quien indicó no favorecer la medida como está redactada. Mencionó que rechazan unas enmiendas y favorecen otras.
García explicó que si bien la Asociación reconoce la importancia de combatir la corrupción y promover la transparencia, concluye que hay enmiendas propuestas que van en contra de la autonomía municipal; el proyecto sobre regula la contratación municipal en el área de desperdicios sólidos; y la obligatoriedad amplia de subastas públicas limita la capacidad de los municipios para administrar eficientemente su propiedad y servicios esenciales.
A su vez, el deponente se expresó sobre la enmienda que se propone en casos de emergencia. “Para mí es bien difícil entender, que el municipio pueda, en diez días, promover o publicar un aviso de otorgación de contratos de emergencia, colocando cualquier contrato en las páginas electrónicas y en las redes sociales del municipio. No tengo problema con eso, pero si usted coge el caso del huracán María, a los diez días, pues esto no es adecuado. Me pregunto qué municipio iba a poder poner un aviso de otorgación de contratos en las páginas electrónicas y en las redes sociales si no había internet”, mencionó García. Igualmente, el deponente, indicó que favorece enmendar la medida para que sea un proceso híbrido, de subasta pública o mediante solicitud de propuesta.
