WASHINGTON, DC – El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández presentó prioridades de Puerto Rico durante el Dia de Miembros del Comité de Agricultura, donde defendió la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y avanzar la transición del Programa de Asistencia Nutricional (NAP) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Ante el Comité, Hernández defendió su proyecto de ley bipartidista, el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (H.R. 5168), que establece una transición responsable y escalonada hacia la plena participación de Puerto Rico en SNAP, garantizando fondos más estables, respuesta automática ante emergencias y trato equitativo para las familias de la Isla.
Durante mi tiempo en el distrito, he hablado con estudiantes que, por no tener SNAP y no contar con el nivel de beneficios que tendrían bajo ese programa, han tenido que decidir entre comprar un manual de química o comprar comida para alimentarse. Esta es una iniciativa de bajo esfuerzo y alto impacto,” expresó el Comisionado Residente (traducción del original en inglés). “Cuando vemos que familias de tres reciben un beneficio promedio de $315 al mes en una isla donde los alimentos son más caros por los costos de envío, y que bajo SNAP recibirían $535, estamos hablando de una acción concreta para acabar con el hambre.”
El proyecto de ley de Hernández cuenta con respaldo bipartidista y es coauspiciada por la Miembra de mayor rango del Comité de Agricultura, Angie Craig, y el Caucus Hispano del Congreso (CHC). La medida también cuenta con el apoyo de los republicanos María Elvira Salazar, Don Bacon y Tony Gonzales, presidente de la Conferencia Hispana del Partido Republicano.
Como parte de estos esfuerzos, ayer la oficina del Comisionado Residente, en colaboración con Hispanic Federation, llevó a cabo una sesión educativa para miembros del Congreso y sus equipos legislativos sobre la importancia de la transición de NAP a SNAP, los impactos económicos actuales y los beneficios de un sistema más equitativo.
Hernández también informó que solicitó formalmente a la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) una evaluación de costos de su proyecto de ley, un paso clave para avanzar la medida en el proceso del Farm Bill y otros vehículos legislativos.
