El director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento de Desarrollo Económico, Ernesto J. Zayas García, anunció En Récord, la implementación de la figura del Profesional Certificado, un mecanismo establecido en el Código de Incentivos (Ley 60-2019) que hasta ahora no se había puesto en marcha. Esta figura permitirá agilizar el trámite de solicitudes de decretos de exención contributiva mediante la emisión de certificaciones de preelegibilidad, lo que reducirá significativamente los tiempos de procesamiento y hará más eficiente la experiencia para los solicitantes.
Según, explicó el director de la Oficina de Incentivos para Negocios, este personal estará autorizado a emitir certificados de preelegibilidad en solicitudes estandarizadas que no requieran discreción ni negociación por parte del DDEC, lo que permitirá recortar hasta dos semanas de trámite administrativo. Asimismo, en fases posteriores podrán realizar certificaciones de cumplimiento y auditorías, siempre respondiendo con su licencia profesional.
“Con esto iniciamos una transformación estructural en la manera en que se procesan los incentivos. Estamos creando una dinámica de corresponsabilidad en la que abogados, contadores públicos autorizados y agrónomos licenciados, según corresponda, se convierten en aliados del DDEC para validar la información y certificar criterios de elegibilidad y cumplimiento. Esto agiliza procesos, aumenta la certeza regulatoria y coloca al servicio de los negocios en Puerto Rico un mecanismo mucho más ágil”, sostuvo Zayas García.
El proceso de registro está activo y ya se encuentra disponible a través del Portal de Incentivos del DDEC (http://incentives.ddec.pr.gov). Los interesados deberán entrar a su perfil en línea y solicitar la inscripción en el Registro de Profesionales Certificados (RPC) siguiendo las instrucciones publicadas en la Carta Circular Núm. DDEC 2025-015.
Entre los requisitos para poder acreditarse como Profesional Certificado se encuentra estar admitido para ejercer como abogado licenciado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tener licencia de CPA o ser agrónomo debidamente licenciado, este último para el caso de incentivos contributivos de agricultor bona fide.
