SAN JUAN, Puerto Rico – El 12 de noviembre de 2025, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra dos personas por conspiración para traficar suboxone, proporcionar y poseer contrabando en prisión.
Según documentos judiciales, Alejandro Sáenz-Concepción, de 47 años, y Alejandro Sáenz-Escobar, de 28, residentes de Manatí, Puerto Rico, poseyeron a sabiendas e intencionalmente, con la intención de distribuir, una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de suboxone desde septiembre de 2025. Sáenz-Escobar enfrenta tres cargos de conspiración para traficar suboxone, proporcionar contrabando en prisión y poseer contrabando en prisión. Sáenz-Concepción enfrenta un cargo de conspiración para traficar.
“Los presos que introducen contrabando, incluyendo drogas, en prisión, y sus cómplices, serán responsables ante el Departamento de Justicia”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Agradecemos a los funcionarios de la Oficina de Prisiones y al FBI su arduo trabajo y dedicación en la investigación de este caso”.
“Introducir contrabando en una prisión federal constituye una grave violación de la ley y el FBI hará todo lo posible para que quienes cometan este delito rindan cuentas”, declaró Joe Rodríguez, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “Seguiremos trabajando con nuestros socios de la Oficina de Prisiones para identificar y procesar a estas personas. Animamos a quienes tengan información sobre este o cualquier otro delito federal a llamar al 1-800-CALL-FBI o a dejar una pista en línea a través de tips.fbi.gov. Todas las pistas se manejarán de forma confidencial”.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El FBI y la Oficina de Prisiones están investigando el caso.
La fiscal federal adjunta especial Lucille Marqués-Pacheco y el fiscal federal adjunto y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort, están a cargo de la acusación.
Una acusación formal es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
