La gobernadora Jenniffer González justificó la entrega de información por parte de DTOP de sobre 6 mil conductores con estatus migratorio no definido a las autoridades federales. Según la ejecutiva, Puerto Rico está obligado a cumplir con las leyes federales de inmigración, por lo que la agencia no podía negarse a entregar la información solicitada. De paso, la gobernadora se reiteró en que no hay acuerdos de colaboración ni entendimiento con las autoridades federales en cuanto al asunto migratorio, salvo el simplemente cumplir la ley.
“Mira, yo reconozco el valor y la importancia que tiene nuestra comunidad inmigrante de Puerto Rico y las contribuciones importantes que hacen a la economía. Pero la verdad es que el Gobierno Puerto Rico no puede escoger que leyes federales aplican y que leyes federales no aplican a Puerto Rico.De la misma manera que aplica el Seguro Social, que aplica el Medicaid, que aplica el PAN, que aplica tantas otras leyes, también aplica la ley de inmigración. Y la ley de inmigración le da unos poderes a la agencia federal de Homeland Security para emitir supinas. Supina, no es que me llamaron y me dijeran pasamente información. Porque tiene una orden que tiene validez legal, la que se le entrega al Gobierno de Puerto Rico y nosotros estamos obligados a cumplir con esto.
Y Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más ni menos, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que habla y ha dado sus impresiones de lo que entienden. La data que se entregó en enero fue un requerimiento de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional. Con fecha del 26, ¿verdad? Así que nosotros cumplimos con una orden de ley. Yo he escuchado a ex gobernadores hablar de unas cosas. Ahora, si hay personas con récord criminal, nosotros no podemos tapar eso. El récord criminal es una cosa y las personas que tienen un beneficio en ley, pero que no tienen un estatus que están de manera ilegal en Puerto Rico, esa es la ley. Y nosotros tenemos que cumplir con ella. De lo contrario, en el caso de Carreteras hubiera significado la pérdida de 128 millones de dólares al año, que es la asignación que recibe de top anualmente para las carreteras de Puerto Rico. Así que yo como gobernadora tengo que proteger la función del gobierno y ciertamente cumplir con la ley», dijo la ejecutiva
