La propuesta legislativa reasignaría los fondos públicos utilizados para servicios de seguridad privada
(El Capitolio – 7 de mayo de 2025) – Una medida que busca extender la jurisdicción de la Policía Municipal para que preste servicios de seguridad en las instalaciones de transporte público recibió posiciones encontradas por parte de las organizaciones que agrupan a los alcaldes durante la evaluación de la propuesta en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.
El proyecto de la gobernadora Jenniffer González Colón dispone una reasignación de fondos de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), que al presente son destinados para la contratación de seguridad privada en las instalaciones del Tren Urbano y otros medios de transporte. Estas partidas, según la legislación, permitirán invertir en el fortalecimiento de la Policía Municipal y su presencia disuasoria en estos espacios.
“El propósito de la medida es garantizar la seguridad en esas áreas, que actualmente se está dando, pero mejorarla”, expresó en vista pública el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. “La medida no busca alterar ningún orden constitucional establecido en los municipios y tampoco darles órdenes o directrices a los alcaldes de cómo lo va a hacer”, abundó.
La Federación de Alcaldes, que reúne a los mandatarios municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP), endosó el Proyecto de la Cámara 371 al señalar la necesidad de reforzar la vigilancia en estos espacios. La entidad también favoreció que los ayuntamientos puedan establecer acuerdos con la ATI para lograr esta coordinación.
El director ejecutivo de la Federación, Ángel Morales, aseguró a preguntas de la comisión cameral que la propuesta legislativa fue discutida con la mayoría de los alcaldes, especialmente aquellos cuyos municipios cuentan con instalaciones de transporte vial o reciben mayor movimiento turístico.
“La Federación está de acuerdo que la partida que se utilizaba para la seguridad privada se utilice para crear un tipo de colaboración con el municipio y que el municipio, de acuerdo a los recursos que tienen disponibles o cuál es su plan de trabajo, puedan determinar si contrataría a la Policía Municipal o entrarían en algún tipo de acuerdo híbrido”, puntualizó.
Sin embargo, la Asociación de Alcaldes -cuyos ejecutivos municipales conforman el Partido Popular Democrático (PPD)- se opuso a la legislación ante preocupaciones con la limitación dentro de la Policía Municipal y la posibilidad de dejar desprovistas otras zonas que requieren seguridad en los municipios.
Aunque no compareció a la vista pública, la organización presentó un memorial explicativo en el cual señaló que la medida resulta redundante, pues el Código Municipal de Puerto Rico ya le permite jurisdicción a la Policía Municipal para brindar servicios de seguridad en áreas del transporte público.
De igual forma, la directora ejecutiva de la entidad, Verónica Rodríguez, mencionó que la legislación no contempla la totalidad de los fondos requeridos y si la responsabilidad de la Policía Municipal es durante el horario operacional del transporte colectivo.
Por su parte, la Asociación de Comisionados Policías Municipales solicitó ser excusada de la audiencia, pero detalló en una ponencia escrita que los comisionados de los municipios de Bayamón, San Juan y Guaynabo no tienen objeción en establecer un acuerdo colaborativo con la ATI para llevar a cabo las funciones de seguridad en las instalaciones de transportación colectiva que operan.
La organización resaltó que la Policía Municipal de San Juan ya implementó un mecanismo a estos fines y ejerce servicios de seguridad prestados bajo una ordenanza municipal. Según el inspector Rubén Moyeno, presidente de la entidad, esta ordenanza les ha facilitado la adquisición de fondos para mejorar las condiciones laborales, la capacitación del personal y la compra de equipos.
La ATI apoyó el proyecto y, a su vez, recomendó que los agentes puedan discurrir por todas las jurisdicciones del Tren Urbano, indistintamente del municipio para el cual laboren. La agencia indicó que un policía del Municipio de Bayamón pueda circular por la alineación de las estaciones del tren, por ejemplo, hasta llegar a Sagrado Corazón.
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) también favoreció la implementación de la pieza legislativa y manifestó que el Negociado de la Policía está dispuesto a colaborar para la consecución.
En esta audiencia pública asistieron los representantes Nellie Lebrón y Jorge Navarro.
