La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
