(El Capitolio) — El Senado de Puerto Rico, como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, aprobó el Proyecto del Senado 23, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que busca crear la “Ley Uniforme de Procedimientos para el Cobro de Deudas del Gobierno de Puerto Rico”.
El objetivo de la medida es facilitar el proceso de recuperación de fondos públicos mediante un procedimiento expedito para la notificación, tramitación y ejecución de sentencias sobre deudas identificadas por la Oficina del Contralor o por las propias agencias del Gobierno.
El proyecto contempla un proceso escalonado de notificación y cobro; las agencias deben comenzar gestiones de recobro en un plazo no mayor de diez días desde que advienen en conocimiento de la deuda. Si estas resultan infructuosas, el caso será referido al Departamento de Hacienda, que podrá emitir facturas formales, establecer acuerdos de pago, o presentar acciones judiciales para cobrar el dinero adeudado. El deudor tendrá derecho a objetar las reclamaciones en un proceso reglamentado, pero si no paga ni llega a un acuerdo, la agencia podrá retener pagos pendientes o llevar el caso ante los tribunales.
Además, el Departamento podrá declarar una deuda como “incobrable” solo tras agotar todas las gestiones posibles, incluyendo obtener una sentencia judicial a su favor. En ese caso, la persona natural o jurídica quedará inhabilitada para contratar o trabajar con el Gobierno por diez años. La ley también impone que los ingresos recuperados se transfieran al Centro de Trauma del Centro Médico de Puerto Rico para apoyar su operación.
Como incentivo adicional, la ley establece un periodo de amnistía fiscal durante el año fiscal 2024-2025, en el cual los deudores podrán pagar la totalidad de su deuda sin intereses ni penalidades. Si lo hacen dentro de los primeros tres meses de vigencia de la ley, recibirán además un 10% de descuento.
Asimismo, aprobó el Proyecto del Senado 446, una medida de administración presentada por Rivera Schatz junto a la delegación PNP. La medida enmienda la “Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces” con el fin de fortalecer la confidencialidad de los procesos de evaluación judicial, eliminar la publicación anual de los nombres de aspirantes, y garantizar que el proceso se mantenga libre de presiones externas o motivaciones partidistas.
La principal enmienda, que introduce la medida, es la eliminación del inciso (f) del Artículo 4, que requería la publicación anual en periódicos de circulación general de los nombres de todas las personas que solicitaban ser jueces o aspiraban a la judicatura. Según se expone en la medida, esta disposición había generado preocupaciones por su posible incompatibilidad con el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, además de abrir la puerta a juicios públicos sin el debido contexto sobre los méritos de los candidatos.
Por su parte, también dio paso al Proyecto del Senado 77, presentado por Rivera Schatz con la coautoría de la portavoz del Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve, que enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. La misma introduce un mecanismo de autocertificación para que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) puedan obtener permisos de uso con mayor agilidad. Además, declara como “obras exentas” de permisos aquellas realizadas por el gobierno para reparar o reconstruir infraestructura afectada por eventos naturales. Se pretende eliminar la burocracia en procesos de reconstrucción y fomentar un entorno más competitivo y ágil para el desarrollo económico y empresarial en la isla.
En materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria, el Proyecto del Senado 206, de la autoría del senador Ángel Toledo López, busca institucionalizar la política pública de promoción de huertos caseros, urbanos, familiares y escolares en Puerto Rico. El proyecto ordena a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a desarrollar y transmitir campañas educativas sobre la siembra y mantenimiento de huertos, en colaboración con los departamentos de Agricultura, Educación y Recursos Naturales, así como con el Servicio de Extensión Agrícola. El proyecto deroga la Ley 240-2015 que no logró implantarse por falta de fondos y redirige recursos existentes para garantizar su implementación.
Como parte de propuestas educativas, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 330, presentado por el senador Héctor “Gaby” González López y coautora la senadora Rodríguez Veve, que propone ampliar a diez minutos el periodo de meditación y reflexión al inicio de la jornada escolar en las escuelas públicas de Puerto Rico. Esta práctica, que actualmente es opcional y limitada a cinco minutos, se convertirá en obligatoria y abarcará valores como la paz, la responsabilidad social, el civismo y la solidaridad. La medida también prohíbe el uso del espacio para promover ideologías políticas o religiosas, reafirmando su enfoque formativo y ético.
“Hablamos de diferentes problemas como lo son la criminalidad, el maltrato a nuestros niños, el maltrato a las mujeres, el bullying en las escuelas, las peleas entre estudiantes en los planteles… Si queremos una sociedad de ley y orden, tenemos que ir a la raíz del problema y la raíz del problema es enseñarles a nuestros niños, en sus primeros grados de educación, lo que son los valores y la ética”, sentenció el senador González López.
De igual forma, la senadora Soto Tolentino abordó el asunto de los minutos de reflexión en las aulas escolares y secundó al autor de la medida. “Necesitamos apoyar y ayudar lo que está pasando, porque hay personas de esta generación que no tuvieron en el pasado alguien que los pudo guiar y ayudar. Esta medida amplía la definición de lo que es la meditación y reflexión, aquí no se le está imponiendo nada a nadie… Esto no resuelve el problema, pero ayuda a una generación de niños que llegan agobiados a las escuelas, niños que no son escuchados”, explicó la senadora Soto Tolentino.
En el ámbito de protección animal, se aprobó el Proyecto del Senado 152 presentado por la senadora Wandy Soto Tolentino, que refuerza la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” mediante la creación de un Task Force interagencial para el manejo de animales realengos. Este grupo, coordinado por el Director Ejecutivo de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) y compuesto por el Comisionado del Negociado la Policía de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Veterinarios, tres representantes designados por las organizaciones dedicadas al bienestar de los animales debidamente registradas, tres alcaldes designados por la Federación de Alcaldes y tres por la Asociación de Alcaldes, tendrá la responsabilidad de coordinar iniciativas de adopción, esterilización y rescate, así como de promover campañas educativas sobre tenencia responsable.
“Lo que estamos implementando, es ver cómo podemos ayudar a los distintos municipios para que, no solamente sea de la policía estatal, sino que también tanto manejo de emergencia como los policías municipales junto con el personal que el municipio delegue se cree este Task Force… Este proyecto no solo atiende una crisis de bienestar animal, responde también a un problema de salud pública, seguridad, cohesión comunitaria y hasta de imagen internacional”, expresó Soto Tolentino.
Por otro lado, también se dio paso al Proyecto de la Cámara 231, presentado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para incluir a los Inspectores de la División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud en la definición de agentes del orden público. La medida reconoce que estos inspectores ya ejercen funciones equiparables, incluyendo arrestos y allanamientos, y busca formalizar su estatus para evitar discrepancias legales.
Finalmente, en cuanto a resoluciones, el Senado dio paso a la R. del S. 130 de la senadora Karen Román Rodríguez, para realizar una investigación sobre el cumplimiento, por parte de entidades gubernamentales, de la “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el fin de identificar deficiencias en su implementación y formular medidas correctivas. De igual forma, a la R. del S. 102 para realizar una investigación sobre el estatus del Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación en el Distrito Senatorial de Mayagüez – Aguadilla, para evaluar su progreso y buscar soluciones que garanticen la efectividad y transparencia del programa.
