(San Juan, Puerto Rico) La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) publicó un informe de investigación relacionado con la operación de una cooperativa juvenil sin incorporarse legalmente y la manipulación del registro de asistencia en una escuela del Departamento de Educación (DE).
El informe reveló que la cooperativa funcionó por más de dos años sin cumplir con el proceso de incorporación requerido por la Ley de Cooperativas Juveniles, sin establecer cuenta bancaria, sin llevar registros contables y sin control adecuado sobre el manejo de fondos. Además, se descubrió que la directora escolar presentó 57 ajustes manuales de su propia asistencia mediante formularios DE-14, alegando fallas inexistentes en el sistema de ponchado, y que instruyó al personal a no utilizar el ponchador disponible.
Durante la investigación, la OIG constató deficiencias en los controles internos y la supervisión administrativa que permitieron la operación indebida de la cooperativa, en contravención a la Ley de Cooperativas Juveniles de Puerto Rico y las normativas del DE que regulan las entidades estudiantiles y cooperativas.
En cuanto al registro de asistencia, el informe detalló que la directora desconectaba el ponchador de asistencia de forma recurrente y, entre agosto de 2023 y marzo de 2024, gestionó 57 ajustes de asistencia utilizando formularios DE-14, alegando fallas en el sistema que no fueron corroboradas.
La OIG emitió una serie de recomendaciones al Departamento de Educación, entre ellas la implantación de mecanismos que garanticen el cumplimiento con la Ley de Cooperativas Juveniles y la reglamentación aplicable, el fortalecimiento de los controles internos para la verificación de asistencia del personal escolar, la limitación de los ajustes manuales en los registros de asistencia y la adopción de medidas disciplinarias o correctivas contra los funcionarios responsables.
Como resultado de los hallazgos, la OIG refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación de posibles violaciones éticas y administrativas conforme a las disposiciones legales vigentes.
Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos o que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979, a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov
