(El Capitolio – 29 de abril de 2025)- El director ejecutivo de la organización Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Domingo Madera Ruiz, apoyó hoy un proyecto para establecer la “Ley de Justicia Laboral para nuestros directores Escolares”, que otorga una posición de carrera a los directores escolares, una vez pasen por un periodo probatorio de dos años.
“La Ley 85 del 2018, dispone el proceso para el nombramiento del director de escuela del Departamento de Educación. Desafortunadamente, y según dispone el estatuto, los directores nombrados después de la aprobación de esta legislación no tienen la oportunidad de adquirir estatus regular en dicha posición. Esta situación ha provocado que muchos aspirantes a esta plaza desistan de participar de entrevistas para ser considerados, ya que no tendrían estatus regular”, dijo el profesor en vista pública de la Comisión de Educación, que preside la representante Tatiana Pérez Ramírez.
“A tales efectos, estamos en total acuerdo en que se apruebe este proyecto para otorgarle justicia laboral a los directores escolares de nuevo nombramiento”, puntualizó el deponente al referirse al proyecto de la Cámara 300, que pretende hacer justicia laboral a estos funcionarios que son pieza clave en el desempeño eficiente de un plantel escolar, ya que en la actualidad laboran bajo una plaza transitoria, lo que no le da estabilidad al director ni a la escuela.
Madera Ruiz recomendó disminuir de tres a dos años el periodo probatorio dentro de la posición, al considerar que es un tiempo suficiente “para que un director demuestre su ejecución como líder en un plantel escolar”.
El educador también sugirió que la pieza legislativa indique que los directores que ya han pasado por el periodo de cuatro años consecutivos y han sido evaluados satisfactoriamente, se les otorgue la permanencia de inmediato.
Por su parte, el Departamento de Educación (DE), representado por Frances Pelet Román, secretaria auxiliar de recursos humanos, favoreció con enmiendas la pieza de la autoría del representante Axel “Chino” Roque Gracia ya que “es fundamental lograr las mejores condiciones de trabajo para este servidor público, incluyendo la estabilidad en el empleo”.
“En consecuencia se deben eliminar los obstáculos legales que impidan el nombramiento de este personal como uno de carrera, de modo que, tras un periodo probatorio, goce de permanencia en el empleo. Esto sería beneficioso para el sistema de recursos humanos que administra el Departamento de Educación”.
Pelet Román recomendó que esta permanencia se otorgue siempre y cuando la plaza este libre para ser ofrecida, porque en ocasiones la persona que ejerce las funciones está de forma interina o por destaque debido a que el director nombrado en propiedad está en licencia de enfermedad, estudio o maternidad.
Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, cuestionó al DE la razón del periodo de dos años bajo estatus probatorio, luego de que el director ocupe la plaza, a lo que Pelet Vélez informó que el reglamento de la agencia estipula este periodo de tiempo debido a la naturaleza del trabajo en el que deben comprobar la efectividad del director en la posición. A su vez, añadió que este lapso también se le aplica actualmente al personal docente.
Ante ello, el líder cameral planteó que “nosotros tenemos que darle continuidad al personal docente y al personal de supervisión dentro del departamento, lo traigo porque me llama la atención que estemos alargando un proceso de evaluación por los criterios que ustedes establecen, por lo que está en el reglamento. Quiero que me entiendan, hay que poner los recursos en los planteles, no en el nivel central”.
La asesora de política pública del DE, Lcda. Saraí Ruiz Maysonet, respondió que la agencia está en la mejor disposición de evaluar posibles enmiendas que se presenten para mejorar la esta pieza.
La representante Pérez Ramírez y presidenta de esta comisión manifestó “creo que es una de las vistas que nos han presentado las soluciones para poder mejorar este proyecto y para poder hacerlo viable y de beneficio no solamente para nuestro sistema de educación pública sino a nuestros directores. Creo que debe hacerse justicia, son muchos los que se entregan en cuerpo, alma y corazón para poderle servir a nuestras comunidades escolares”. Asimismo, indicó que es necesario se enmiende la medida para incluir una supervisión cercana a estos funcionarios una vez se les otorgue la permanencia.
“El estudiante es el ente más importante de nuestro sistema educativo, el maestro es quien provee las herramientas y las estrategias de enseñanza, pero es el director el que tiene el control de qué pasa o no pasa en esa escuela, hace unos meses nos hemos dedicado a recorrer las escuelas de todo Puerto Rico y hemos observado cuando hay una buena administración, cuando hay un buen director independientemente de los recursos, se ve la calidad educativa y como eso influencia tanto en el personal como en los estudiantes. Yo soy partidaria que le demos permanencia, una estabilidad laboral a nuestros directores porque son muchos los que hacen un buen trabajo, pero también tenemos que reconocer y quiero preguntar por ideas y sugerencias luego de que se le de permanencia para supervisar el desempeño de estos directores”, planteó la representante.
En su turno de preguntas, la vicepresidenta de la Cámara, la representante Yashira Lebrón Rodríguez favoreció que se otorgue esta permanencia ya que aseguró “soy de las que creo que no hay malos empleados, hay malos supervisores. Si no tenemos un supervisor apto, preparado, con las ganas, el entusiasmo las herramientas necesarias, no podemos pedir que tengamos una buena facultad, un buen equipo de trabajo que corra”.
Lebrón Rodríguez reconoció que la Oficina Regional Educativa de su distrito en Bayamón es excelente, pero se ha topado con directores que, ante la falta de permanencia, prefieren regresar al salón de clases ya que no cuentan con el título, la compensación económica para realizar la labor que se les encomienda.
Es meritorio destacar que en esta audiencia también participó la representante Lisie Burgos Muñiz, quien enfatizo en los recursos al personal docente y de supervisión.
Entre tanto, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), envió una ponencia firmada por el profesor Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la organización, que dejó en manos de las agencias envueltas en el tema comentar sobre el proyecto.
“Pese a que reconocemos la importancia de la justicia laboral para todos los componentes del sistema educativo y mejores condiciones para todos los empleados público”, nos vemos obligados a otorgar deferencia a las partes, agencias u oficinas que podían verse afectadas por la legislación”, ya la AMPR es representante exclusivo de la unidad apropiada magisterial y por ende no representa personal en puestos de supervisión como lo son los directores escolares.
Ante esta posición, el representante Roque Gracia comentó “veo por aquí que la Asociación de Maestros, estoy consciente que son los maestros, que es la Asociación, pero ellos son muy vocales muchas veces para decir cosas del departamento si están bien o están mal o cuando nosotros proponemos algo y creo que no era para menos que ellos dijeran si estaban de acuerdo o no con este tipo de legislación.”
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