Juez otorga 30 días para desalojar un inmueble que pertenece al Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR
San Juan, Puerto Rico – La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se allanó a un desahucio solicitado por la Junta de Retiro UPR para que desocupe un inmueble que por años ha sido dedicado al Archivo Inactivo de la institución y que pertenece al Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. El juez Orlando Durán Medero, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, otorgó un término de 30 días, a partir del pasado 27 de marzo, para que la administración universitaria desaloje del edificio.
“Este fue un proceso innecesario que pudo haberse evitado si la administración universitaria hubiera respondido a los múltiples requerimientos que hemos hecho al respecto. La administración de la UPR se negaba a sacar del edificio unos documentos que guardaba allí como parte de un acuerdo que ya venció. Esos documentos tenían que salir de ahí desde el mes de octubre de 2024, pero la administración de la UPR no respondió a nuestro requerimiento. Nos complace que, tras haber intentado fallidamente que se desestimara la solicitud de desahucio, finalmente los abogados de la UPR se hayan allanado porque necesitamos usar el edificio para otros fines en beneficio del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, sus participantes activos y pensionados”, expresó el presidente de la Junta de Retiro UPR, Luis Vicenty Santini.
La administración de la UPR comenzó a ocupar el edificio en 2008 tras un acuerdo en el cual la entonces Junta de Síndicos (ahora Junta de Gobierno UPR), que para ese entonces era fiduciaria del Sistema de Retiro, le permitió utilizarlo por un periodo de 12 años con el propósito de dedicarlo a la sede del Instituto Confusio o cualquier otro fin institucional académico similar, dejando en beneficio del Fideicomiso las mejoras, remodelación y cambios estructurales. Ese acuerdo fue enmendado en 2012 para permitir que la administración universitaria utilizara el edificio para dedicarlo al Archivo Inactivo de la UPR y el término del acuerdo fue modificado a 12 años de la fecha en que se hizo la enmienda.
En previsión de que el acuerdo vencería en octubre de 2024, la Junta de Retiro UPR, fiduciaria del Sistema de Retiro UPR desde el 2020, autorizó al entonces director ejecutivo del Fideicomiso a dar por terminado el acuerdo con efectividad del 26 de octubre y a solicitarle a la administración universitaria el desalojo del inmueble. El entonces presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, fue notificado sobre el vencimiento del acuerdo y la solicitud de desalojo en julio de 2024 y en dos ocasiones posteriores, en noviembre de 2024 y en enero de 2025. En febrero, el nuevo presidente de la UPR, Miguel Muñoz, fue igualmente notificado sobre el proceso y la solicitud de desalojo. Hasta la fecha de la vista celebrada ante el juez Duran Medero, la administración universitaria continuaba usando el edificio y se había limitado a expresar, mediante sus abogados, que le era imposible desocuparlo.
Tras haberse allanado a la solicitud de desahucio, la UPR tiene 30 días para desocupar el edificio que ubica en el #8 de la calle Saldaña. Vicenty Santini confirmó que el proceso de desalojo ya comenzó.
“Aunque la administración de la UPR había dicho, por medio de su abogado, licenciado Juan Casellas Rodríguez, que le podría tomar hasta tres meses desocupar el edificio, agradecemos que el personal de la administración central ha sido diligente en procurar el desalojo lo más rápido posible e, inclusive, ha planteado que el proceso podría culminar antes de abril. Esto demuestra que uno de los grandes problemas que tiene la UPR es que su representación legal induce a error y a querer procrastinar los asuntos que son necesarios atender para con el Fideicomiso de Retiro”, expresó Vicenty Santini.
El líder universitario también advirtió sobre mala asesoría legal a la administración universitaria. “Así las cosas, la administración de la UPR acaba de tener que abandonar un edificio vergonzosamente vía una orden del tribunal gracias a la mala asesoría de su equipo legal. Desde nuestro punto de vista, los abogados de la UPR y de su Junta de Gobierno le hacen un flaco servicio a la universidad al no reconocer lo que ya han perdido en los tribunales”, concluyó Vicenty Santini al recordar la sentencia del Tribunal de Apelaciones, ratificada por el Tribunal Supremo en los años 2020 y 2021, que removió a la Junta de Gobierno como fiduciaria del plan de pensiones universitario y puso, en su lugar, a la Junta de Retiro UPR
