SAN JUAN, P.R. – El 17 de mayo de 2023, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió seis acusaciones separadas acusando a seis personas de participar en fraude para obtener beneficios de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) por un total de $350,616, anunció W. Stephen Muldrow, United Procurador de los Estados del Distrito de Puerto Rico. Varias agencias federales participaron en las investigaciones, incluido el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la asistencia de las Naciones Unidas. Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Según las acusaciones, los acusados se involucraron en esquemas para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, “DTRH”) al presentar solicitudes fraudulentas para obtener beneficios del seguro de desempleo que contenían fondos PUA.
Los imputados son: (1) Roberto J. Hernández Rivera, quien obtuvo de manera fraudulenta $103,422; (2) Jeremy Sánchez Rivera, quien obtuvo de manera fraudulenta $87,972; (3) Axel J. Pagán Rodríguez, quien obtuvo de manera fraudulenta $86,772; (4) Ednier Torres-Burgos, quien obtuvo de manera fraudulenta $34,956; (5) Eli Eteniel Correa Fernández, quien obtuvo de manera fraudulenta $19.380; y (6) Nomar J. Mimbs Machiavelo, quien obtuvo de manera fraudulenta $18,114.
“Como demuestran nuestros enjuiciamientos por fraude de COVID-19, continuamos investigando estos casos. Aquellos que buscan ganar dinero “fácil” robando fondos federales del gobierno deben tener en cuenta que sus acciones tienen consecuencias”, dijo el fiscal federal Muldrow.
“La Operación Chango enfatiza la importancia de los esfuerzos de colaboración entre el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. y nuestros socios federales y estatales, reforzando la misión del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. de proteger al público y prevenir el mal uso delictivo de nuestro sistema de correo”. dijo el Inspector Postal de la División de Miami a Cargo Juan A. Vargas.
“Esta violación no es nueva. En este punto, es de conocimiento común que muchos pensaron que podrían aprovechar una crisis global y obtener ingresos adicionales violando la ley. Este nunca fue el caso, no es el caso ahora y nunca será el caso”, dijo el agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan, Joseph González. “No importa cuánto tiempo tome, el FBI y nuestros socios estatales y federales continuarán investigando estos casos para llevar a estos criminales ante la justicia. Entonces, si usted, o alguien que conoce, ha sido testigo de este delito, debe denunciarlo llamando al (787) 987-6500 o dejando una pista en línea visitando tips.FBI.gov. Para aquellos que saben que han violado la ley, es mejor que se comuniquen con nosotros antes de que nosotros nos comuniquemos con ustedes”.
Según las disposiciones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), las personas que eran dueños de negocios, trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes o trabajadores independientes calificaban para los beneficios federales administrados por el DTRH si anteriormente realizaron dicho trabajo en Puerto Rico y estaban desempleados, parcialmente desempleados, incapaces de trabajar o no disponibles para trabajar debido a un motivo relacionado con COVID-19. Para obtener estos beneficios federales, las personas pueden presentar su solicitud en línea a través del sitio web del DTRH: www.trabajo.pr.gov. Los reclamantes respondieron varias preguntas para establecer su elegibilidad y se les pidió que proporcionaran información de identificación personal, que incluía su nombre, dirección postal, sexo, correo electrónico, número de teléfono, número de seguro social y fecha de nacimiento. Además, los solicitantes tenían que identificar un estado ocupacional calificado y una razón relacionada con COVID-19 para estar sin trabajo. En su solicitud, los reclamantes también podían presentar varios documentos como prueba de sus ingresos.
Si el DTRH aprueba la solicitud de un reclamante, el DTRH enviaría un cheque al reclamante a través del Servicio Postal de los Estados Unidos por beneficios calificados que podrían contener beneficios regulares de seguro de desempleo y fondos federales en forma de PUA, Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia y Emergencia por la Pandemia. Prestaciones de Compensación por Desempleo.
Las acusaciones acusan a las seis personas de robo de dinero del gobierno en beneficios de PUA, fraude postal y uso indebido de números de Seguro Social. Los acusados se involucraron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta múltiples cheques de desempleo por correo del DTRH utilizando números de seguro social falsos.
Los Fiscales Federales Auxiliares Especiales Vanessa D. Bonano Rodríguez y R. Vance Eaton están a cargo del enjuiciamiento de estos casos. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan las siguientes sentencias: 20 años de prisión por fraude postal y 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; una multa de hasta $250,000; y tres años de libertad supervisada.
Para denunciar un esquema de fraude relacionado con el COVID-19 o una actividad sospechosa, comuníquese con el Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) llamando a la línea directa del NCDF al 1-866-720-5721 o a través del formulario web de quejas del NCDF en: https:// www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
Las acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
