55 miembros de una organización dedicada al narcotráfico son acusados de delitos de tráfico de drogas y violaciones relacionadas con armas de fuego en Aguas Buenas y Cidra, Puerto Rico, como parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).
SAN JUAN, Puerto Rico – El 4 de noviembre de 2026, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 55 miembros de una organización delictiva de los municipios de Aguas Buenas y Cidra. Los cargos incluyen conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión y distribución de dichas sustancias, así como violaciones relacionadas con armas de fuego, según anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. La investigación fue liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Choque de Caguas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service), la Unidad de Pandillas del Buró Federal de Prisiones (BOP), la Policía Municipal de San Juan y la Unidad de Drogas de Caguas. “Este caso representa un paso más en nuestra lucha contra el narcotráfico y la violencia de las organizaciones delictivas. Quiero agradecer la colaboración entre las agencias del orden público federales, estatales y locales que unieron esfuerzos para desarticular esta organización violenta”, afirmó el fiscal federal interino Ramírez Carbó.
“Continuaremos desmantelando organizaciones criminales violentas y buscando justicia para las víctimas y sus seres queridos en todas nuestras comunidades en Puerto Rico”. “Sin importar el tamaño de la organización criminal ni los recursos de los que disponga, el FBI utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestras comunidades. Combatir los delitos violentos es una de las prioridades del FBI, y no descansaremos hasta lograrlo”, señaló Carlos R. Goris, agente especial a cargo del FBI en San Juan.
“A aquellos que creen que pueden hacer daño a otros y eludir su responsabilidad, les advierto: el FBI los perseguirá incansablemente. La justicia los encontrará”. La acusación formal sostiene que, a partir de 2022, la organización de narcotráfico distribuyó heroína, fentanilo, cocaína base (crack), cocaína, marihuana, clonazepam, oxicodona (conocida comúnmente como Percocet) y alprazolam (conocido comúnmente como Xanax) en un radio de 1,000 pies de los proyectos de vivienda pública (PHP, por sus siglas en inglés) Jardines de Cidra, Práxedes Santiago, Vistas de Jagüeyes y Vista Alegre, así como en otras áreas cercanas, todo ello con el fin de obtener importantes beneficios económicos. Los miembros de esta violenta banda empleaban armas de fuego, violencia e intimidación para controlar sus operaciones ilícitas dentro de sus territorios. Esta organización transportaba y distribuía cantidades de cocaína medidas en kilogramos en los Estados Unidos continentales.
Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios de dos vías y teléfonos móviles, a través de mensajería instantánea y redes sociales. Asimismo, obtuvieron permisos legales para la posesión y el porte de armas de fuego, lo que facilitaba la adquisición de municiones que, en ocasiones, se distribuían entre los miembros de la organización. Se alega que los integrantes de la organización de narcotráfico participaron en actos violentos, incluidos tiroteos y asesinatos, para mantener el control del tráfico de drogas en las zonas bajo su dominio. Los acusados y sus cómplices utilizaban fotografías, publicaciones en redes sociales y vídeos —incluidos vídeos musicales—, los cuales difundían en diversas plataformas digitales para exhibir su vinculación, su poder y su autoridad sobre las áreas que controlaban.
Los acusados desempeñaban distintos roles para promover los objetivos de la conspiración de narcotráfico, tales como líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de droga, encargados de hacer cumplir las normas de la organización, mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores. Treinta y siete (37) de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico; de ellos, diecisiete (17) enfrentan, además, un cargo por posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico. Los acusados señalados en la acusación formal son:
[1] Bryan Joel Díaz Rosario, a.k.a. “Bigote”
[2] Emanuel Erazo González, a.k.a. “Pangola”
[3] Juan Carlos Blanco Meléndez, a.k.a. “Puchu”
[4] Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, a.k.a. “Gambito”
[5] Xavier Santiago Berríos, a.k.a. “Xavy”
[6] Louis Daniel Dávila Román, a.k.a. “Güi/Güimo”
[7] Eduardo Sánchez Sierra, a.k.a. “Macho”
[8] Ammisaday Silva Aponte, a.k.a. “Bayamoncito”
[9] Armando López Rosa, a.k.a. “Popeye”
[10] Carlos Javier Santos Rivera, a.k.a. “Negrito”
[11] Eduardo Gabriel Rodríguez Díaz, a.k.a. “Chispi/Chispín”
[12] Emanuel Díaz Flores, a.k.a. “El Colorao/Colo”
[13] Emanuel Figueroa Centeno, a.k.a. “Emma”
[14] Héctor David Castro Merced, a.k.a. “Bebin/Bebi/El David”
[15] Hugo Martín Méndez Ramos, a.k.a. “Hugito”
[16] Joan Manuel Marquez Rivera, a.k.a. “Yomo/El Bebo/Joancito”
[17] Joan Martín Ortiz Berríos, a.k.a. “El Viejo”
[18] José Ramón Colón Rosario, a.k.a. “Chema”
[19] Joseph Joe Marcano García, a.k.a. “Barba”
[20] Joshua Vega Ortega, a.k.a. “El Enano/Silencio”
[21] Juan Manuel Ruiz Figueroa, a.k.a. “Mau”
[22] Kevin Trinidad Báez, a.k.a. “Kayu/Caju/Cayu”
[23] Luis David De Jesús, a.k.a. “Davisito/David/La D/La Letra”
[24] Luis Enrique Negrón Merced, a.k.a. “Ricky Palmas”
[25] Luis Orlando Cotto Luque, a.k.a. “Casper/Gasper/Notario/Notorio”
[26] Miguel Ángel Hernández Torres, a.k.a. “Miguel Barba”
[27] Victor Xavier Figueroa Centeno, a.k.a. “Barba”
[28] Xadier Emerito Martínez Merced
[29] Kevin Jovan Caez Algea, a.k.a. “Kelvin”
[30] Edgeral Estrella Busigo, a.k.a. “Galdito”
[31] Luis Ángel Colón Rodríguez, a.k.a. “Gongu/Gungu”
[32] Luis Felipe Miranda Morales, a.k.a. “Panty”
[33] Janiel Manuel Gómez Vázquez, a.k.a. “Costi”
[34] Carlos Daniel Rivera Santos, a.k.a. “Tres Pacitos/Pri”
[35] Carlos Orlando Merced Ramos, a.k.a. “Landy”
[36] Christian Giovannie Roldán Colón, a.k.a. “Roldán”
[37] Christian Luis Pérez Hernández, a.k.a. “Casper”
[38] Eli Larrazabal Rivera, a.k.a. “Elika/Papujo”
[39] Franiel Velázquez Colón, a.k.a. “Logan/Bebo”
[40] Giovani Rodríguez Rivera, a.k.a. “Giovani/Giova Cartoon/Cartoon”
[41] Jason Valle Centeno
[42] Luis Manuel Figueroa Centeno, a.k.a. “Choco/Negro/Chakar/Chakal”
[43] Michael Rivera Flores, a.k.a. “Miky/Maiky”
[44] Christian Cartagena Torres, a.k.a. “Los Christian/El Flaco”
[45] Rafael Ángel Cotto Sánchez, a.k.a. “Fufi/Mellao/Feo”
[46] Ezequiel Báez Gonzaález, a.k.a. “Bellaquito”
[47] Lorenzo Llinas Rivera, a.k.a. “Lolo/Don Cidra”
[48] Jorge Eduardo Rivera Flores, a.k.a. “Georgie Cara de Caballo/Georgie/Gorgi”
[49] José Yaser Flores Díaz, a.k.a. “El Lindo”
[50] Luis René Hernández Silva, a.k.a. “Sapito”
[51] Richard Yanier Román Pérez, a.k.a. “Richard”
[52] Nelson Luis Cotto Román, a.k.a. “Viejo”
[53] Carlos Felipe Zalduondo Díaz, a.k.a. “Colorao/El Colo”
[54] Christian José Cotto Ortiz, a.k.a. “Ciribillo”
[55] Félix Daniel Rodríguez Díaz, a.k.a. “Negrito”
El fiscal federal adjunto (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; la jefa adjunta de dicha sección, Teresa Zapata-Valladares; y la fiscal federal adjunta Daphne Cordero Guilloty están a cargo de la acusación en este caso. De ser declarados culpables de los cargos relacionados con drogas, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Si resultan condenados tanto por los cargos de drogas como por los cargos relacionados con armas de fuego incluidos en el séptimo cargo de la acusación (Count Seven), los acusados enfrentan una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua. Los acusados a quienes se les imputa la posesión de ametralladoras en relación con el narcotráfico —según se detalla en el octavo cargo (Count Eight)— enfrentan una pena mínima obligatoria de treinta años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta por los cargos de narcotráfico. Asimismo, todos los acusados enfrentan una solicitud de decomiso de bienes vinculados al narcotráfico por un valor de 100 millones de dólares.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada «Protección del pueblo estadounidense frente a la invasión». El HSTF constituye una alianza gubernamental integral dedicada a desmantelar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones delictivas transnacionales, así como redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes, el HSTF emplea toda la capacidad de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desarrollo de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en la investigación y el enjuiciamiento de aquellos involucrados en el tráfico de menores u otros delitos que afectan a la infancia. Además, el HSTF utiliza todos los recursos disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros que cometen delitos violentos. La HSTF de San Juan está compuesta por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: el FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y la Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la DEA, la ATF, el IRS, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la iniciativa HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la TSA, la FAA y las Fiscalías Federales (U.S. Attorney’s Offices) para los distritos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales de las fuerzas del orden: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa contra el Narcotráfico de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
Una acusación formal es simplemente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
