Legislación promueve cambios en permisos de sistemas de gas, auditorías y beneficios educativos para familias de policías caídos
(El Capitolio) — Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó un paquete de medidas legislativas dirigidas a optimizar la gestión pública, mejorar la eficiencia administrativa y atender problemáticas sociales, incluyendo la agilización de trámites relacionados a sistemas de gas, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización pública y la ampliación de beneficios educativos para los familiares de policías fallecidos en el cumplimiento del deber.
En primera instancia, se aprobó el Proyecto del Senado 671, del senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. La medida enmienda la Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico. A los fines de incluir al oficial plomero como persona debidamente autorizada por Ley junto al maestro plomero para expedir certificaciones sobre instalaciones y/o reinstalaciones comerciales, industriales y/o residenciales de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos. Esto, conducido por tuberías que se presentan exclusivamente en el Negociado de Transporte y Otros Servicios (NTSP).
La exposición de motivos indica que a pesar de que el NTSP cuenta con la potestad de aprobar las certificaciones de las instalaciones de gas, el Artículo 30 de la Ley 59-2022, impone una barrera redundante al exigir que toda certificación de instalación o reinstalación de plomería y sistemas de gases sea firmada estrictamente por un maestro plomero antes de que se pueda expedir un permiso de uso. “Esta limitación estatutaria centraliza las certificaciones en un grupo cada vez más reducido de profesionales, ignorando que los sistemas de gas ya están sujetos a la estricta regulación y supervisión especializada del NTSP”.
De igual forma, se le dio paso al Proyecto del Senado 808, presentado por la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez, que enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG). A fin de disponer que la Oficina del Contralor determine la frecuencia con que se realizan las auditorías a la OEG, esto conforme a su discreción y a los planes anuales de auditoría, sin que el término exceda los tres años. La medida reconoce las limitaciones operacionales de dicha entidad y promueve una planificación más estratégica de los procesos de fiscalización.
“Cabe destacar que el Plan Anual de Auditorías de la Oficina del Contralor se desarrolla sobre un ciclo de tres años y se revisa anualmente, considerando factores tales como el tiempo transcurrido desde la última auditoría, el presupuesto asignado a la entidad, los asuntos públicos o mediáticos que pudieran estar relacionados, y las querellas recibidas, entre otros. A largo plazo, esta enmienda beneficiará tanto a la OEG como a la propia Oficina del Contralor, al promover una fiscalización más eficaz, realista y estratégica de las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos públicos en la OEG”, cita el proyecto.
En el ámbito social, se aprobó el Proyecto del Senado 893, del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, que garantiza una beca completa, bajo ciertos parámetros, para el pago de matrícula a los familiares de policías fallecidos, reafirmando el compromiso del Estado con quienes han servido y protegido a Puerto Rico.
La pieza legislativa menciona que la Asamblea Legislativa estima indispensable y meritorio enmendar el articulado de la Ley Núm. 263-1998, para disponer la autorización total del 100 por ciento del costo por concepto del pago de la matrícula para el cónyuge supérstite, que se mantiene en dicho estado, así como para los hijos menores de 21 años; y a aquellos mayores hasta 25 años, que se encuentren cursando sus estudios postsecundarios, del policía caído en el cumplimiento del deber.
En un turno, Matías expresó que la medida busca garantizar que todo hijo de policía estatal o municipal fallecido en el cumplimiento del deber tenga un 100 por ciento de la beca en la Universidad de Puerto Rico. “Cuando un policía estatal o municipal muere en el cumplimiento del deber, muere defendiendo a nuestra Isla, muere defendiendo a nuestra gente. Ese policía sacrificó lo más grande que uno tiene que es la vida por el bien de Puerto Rico. Es deber del gobierno velar por cada uno de esos familiares, de esos hijos que están creciendo”, sostuvo.
Aval a medidas en concurrencia con la Cámara
De otra parte, el Senado aprobó dos medidas donde concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. El Proyecto del Senado 40 de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. La medida propone enmendar varios artículos de la “Ley de Explosivos de Puerto Rico” a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en el “Código Penal de Puerto Rico”. También, el Proyecto del Senado 103 del vicepresidente Carmelo Ríos Santiago para crear la “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL”, en Puerto Rico. A los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, gravemente herir o matar a policías, policías municipales y/o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales en el cumplimiento de su deber o que también facilite la búsqueda y recuperación de aquellos oficiales mencionados desaparecidos en conexión con sus deberes oficiales.
Otras medidas aprobadas
Por otro lado, el Alto Cuerpo avaló la Resolución del Senado 496 de Rivera Schatz. La resolución expresa “la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los hermanos y jinetes puertorriqueños José Luis Ortiz e Irad Ortiz Jr. por la histórica hazaña de alcanzar la primera y segunda posición, respectivamente, en la carrera Kentucky Derby, celebrada el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo Churchill Downs, en Louisville, Kentucky.
Asimismo, se le dieron paso a varias resoluciones orientadas a investigaciones. Entre estas, la Resolución Conjunta del Senado 158 de los senadores de mayoría por el distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos y Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La medida busca modificar los límites territoriales de los municipios de Caguas y Cidra, a los fines de incluir dentro de la jurisdicción del Municipio de Cidra los sectores Palmeras (parte norte), Nogales y Robles de la Urbanización Estancias del Bosque, parte del sector los Cotto, la totalidad del sector Certenejas II y el sector Los Sierra del barrio Cañaboncito del Municipio de Caguas. También, para incluir dentro de la jurisdicción del Municipio de Caguas la parte extrema occidental del sector Muñoz Grillo y del sector Pablo Barreto de la jurisdicción del Municipio de Cidra.
“Es una medida, que más que un cambio de mapa presenta un acto de justicia para varias comunidades de nuestro Puerto Rico. La Resolución Conjunta del Senado 158 busca algo sencillo, pero importante, que la realidad en la que viven nuestros ciudadanos coincida con la estructura del gobierno que les sirve. Por años hay comunidades que, aunque oficialmente pertenecen a un municipio, en la práctica reciben sus servicios de otros. Son familias que pagan contribuciones en un lugar, pero dependen de otro para su día a día”, mencionó Berríos indicando que la medida es producto del diálogo.
En un turno a favor de la medida se expresó el portavoz de minoría, Luis Javier Hernández Ortiz. “Mi súplica es que en el futuro, si algún otro asunto de delimitaciones territoriales se va a discutir, que se utilice exactamente el mismo criterio que en esta medida. El Código Municipal exige que ambas legislaturas municipales acepten estos intercambios”.
A su vez, se aprobó de la vicepresidenta senatorial, Marissita Jiménez Santoni, la Resolución del Senado 326. La medida propone ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales investigar el cumplimiento de la Compañía de Turismo con las disposiciones del Artículo 26 de la Ley 272-2003, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” según enmendada. Esto en torno al requisito sobre la notificación a los municipios del registro de entidades dedicadas al negocio de alojamientos suplementarios a corto plazo (short term rentals).
Igualmente, de Jiménez Santoni se le dio paso a la Resolución del Senado 446, para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales realizar una investigación sobre los problemas de recursos naturales que aquejan a las comunidades en los ocho distritos senatoriales. En temas como la erosión costera, la preservación y la utilización de terrenos, el control de inundaciones, la preservación y uso de las reservas de agua, mangle, bosques, pesca; entre otros. También, la Resolución del Senado 334 de Jiménez Santoni y la senadora Wandy Soto Tolentino. El objetivo es llevar a cabo una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, cantidad de casos, zonas o municipios más impactados. Así como las razones y su impacto en la industria hospitalaria, y que brinden posibles alternativas y protocolos que se deben implementar para eliminar esta práctica.
De otra parte, la Resolución del Senado 328 del vicepresidente del Alto Cuerpo, Carmelo Ríos Santiago. La medida ordena a la Comisión de Gobierno, realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Incluyendo el análisis de la suficiencia de la prima que pagan los asegurados; la proporción de gastos destinados a los distintos servicios y operaciones de la corporación; el volumen y naturaleza de las reclamaciones pagadas; la distribución de recursos; así como otros aspectos relacionados a la sostenibilidad financiera y la eficiencia administrativa de la corporación pública.
“La situación es el financiamiento que descansa casi exclusivamente en la prima anual, cuando usted renueva el marbete. Cuando usted renueva el marbete, ahí está la prima, ahí está ACAA y está el seguro de los carros. No se ha revisado, por lo menos en la última década, tampoco se han establecido los costos de salud, tampoco se ha visto si tenemos un aumento en frecuencia de accidentes… Entonces, parte de lo que queremos ver es cuáles son los gastos operacionales que tiene la ACAA al momento de atender los pacientes y si realmente tenemos que mirarlo con los servicios que da la corporación”, expresó Ríos.
De igual forma, la Resolución del Senado 344 de la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto. La medida procura investigar el estado actual de los edificios y las estructuras históricas ubicados en los municipios que conforman el Distrito Senatorial de Arecibo, muchos de los cuales están bajo la custodia o administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
La Resolución del Senado 436 del senador del distrito de Humacao, Luis Daniel Colón La Santa. Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales, investigar las condiciones de infraestructura y mantenimiento que se encuentran en los cuarteles de la Policía de Puerto Rico en el distrito de Humacao; incluyendo, las condiciones laborales y necesidades del Cuartel Estatal de la Policía del Municipio de Yabucoa.
