(Líder senatorial asegura que entre los expedientes reclamados podrían figurar casos de Villalba)
El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, defendió la actuación del Gobierno y sostuvo que el senador Luis Javier Hernández Ortiz recibió contestaciones a sus requerimientos de información, aunque no estuviera conforme con el contenido de las respuestas, al reaccionar a la controversia judicial relacionada con la solicitud de documentos sobre investigaciones archivadas en el Departamento de Justicia.
La controversia surge luego de que el tribunal determinara que el mecanismo utilizado por Hernández para reclamar la información no era el adecuado. En una decisión emitida a principios de junio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción presentada por el legislador popular al concluir que carecía de legitimación activa para presentar el recurso a título individual, ya que la facultad para acudir al tribunal bajo el Artículo 34-A del Código Político corresponde al presidente o vicepresidente de los cuerpos legislativos autorizados. Luego apelo el dictamen, pero la decisión fue “no ha lugar”.
Al ser cuestionado sobre el asunto, Rivera Schatz afirmó que el Senado autorizó la petición de información y que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de la Familia respondieron a los requerimientos formulados.
“Una cosa es contestar y otra cosa es que no te guste la contestación o no estés conforme con ella”, expresó el líder senatorial, al señalar que, según su interpretación, los tribunales concluyeron que las agencias sí respondieron a las solicitudes realizadas.
Rivera Schatz también rechazó que la controversia deba interpretarse como un intento de ocultar información relacionada con la actual administración gubernamental. Según explicó, gran parte de los expedientes mencionados corresponden a referidos rutinarios derivados de informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
El presidente del Senado sostuvo que es práctica común que los informes del Contralor incluyan recomendaciones para remitir hallazgos a agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental u otras entidades fiscalizadoras para evaluación. Añadió que, en muchos casos, tras realizarse las investigaciones correspondientes, las agencias determinan que no procede acción adicional y los asuntos son archivados.
Incluso, Rivera Schatz planteó que entre los más de 200 expedientes objeto de controversia podrían figurar casos relacionados con administraciones municipales de distintos partidos políticos, incluyendo el municipio de Villalba cuando Hernández fungía como alcalde.
“Estoy seguro que posiblemente los de Villalba mismo están dentro de esos 229”, sostuvo el presidente senatorial, al insistir en que los referidos del Contralor son un procedimiento ordinario dentro de los procesos de fiscalización gubernamental.
