Declaraciones de la Secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres
El Departamento de Justicia investigó y refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) las denuncias del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard. Ahora se hace una nueva solicitud para que se amplíe la investigación que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de la OPFEI.
Tomamos acción en cuanto a sus denuncias y las referimos a la OPFEI solicitando que se designara un fiscal especial independiente para investigar a dos exfuncionarios de la OGPe.
Quien leyó la reciente comunicación del exsecretario en su totalidad pudo constatar que no hay ninguna alegación de actuación ilegal o indebida del Departamento de Justicia. No puede haberla porque no existe. Siempre hemos actuado conforme a derecho. Lejos de esto, se reafirma nuestra independencia de criterio. Quien afirme lo contrario induce a error al pueblo de Puerto Rico.
Lamentablemente, hay quienes opinan sin leer o malinterpretan su contenido a conveniencia y a base de agendas.
En la comunicación del exsecretario se hace referencia a un posible conflicto de interés, aunque no se aclara en qué consiste. Tanto el Departamento de Desarrollo Económico como el Departamento de Justicia formamos parte del gabinete constitucional del Gobierno de Puerto Rico.
Igualmente, se alega que una opinión legal emitida por el Departamento de Justicia tras una petición del exsecretario auxiliar de OGPe tuvo la intención de socavar la autoridad del DDEC, aunque no especifica a quién se refiere.
Esta es una interpretación errónea de dicha opinión, que fue realizada conforme al proceso ordinario en el Departamento, pues es parte de nuestro deber ministerial y atendemos consultas de las agencias constantemente.
Es imperativo aclarar que la opinión legal emitida por este Departamento se circunscribe estrictamente a delimitar las facultades técnicas de la OGPe en lo que respecta al proceso de otorgación de permisos, para garantizar la agilidad de dicho proceso. El Departamento de Justicia de ninguna manera interviene en la administración interna de dicha agencia y la opinión emitida en nada tiene que ver con la naturaleza de la investigación que referimos a la OPFEI.
Es una opinión fundamentada en estricto derecho y preparada por abogados con más de 20 años de experiencia en el Departamento de Justicia. No toleraré que se intente mancillar la integridad moral de este Departamento ni la de esta servidora con agendas que distan mucho de la búsqueda de la justicia. Cada abogado, fiscal y empleado de esta agencia actúa con una rectitud inquebrantable. Mi trayectoria y la reputación de esta institución se defienden con acciones, con resoluciones fundadas en ley y con una honradez que no está sujeta a presiones ni a especulaciones públicas.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico no se desvía, bajo ninguna circunstancia, de su mandato constitucional y estatutario de evaluar cada asunto ante su consideración con estricto apego al derecho, la prueba y los más altos estándares éticos. Ningún señalamiento infundado apartará a esta institución de su función ministerial. Continuaremos ejerciendo nuestro deber fiscalizador con la firmeza y seriedad que el pueblo de Puerto Rico exige y merece; con acciones, no con palabras.
