17 personas acusadas por conspiración para poseer con intención de distribuir y por la distribución de sustancias controladas como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF)

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SAN JUAN, Puerto Rico – El 1 de septiembre de 2026, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 17 personas por conspiración para poseer con intención de distribuir y por la distribución de sustancias controladas, anunció Héctor Ramírez Carbó, Fiscal Federal Interino para el Distrito de Puerto Rico. Esta investigación fue liderada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

“Las drogas destruyen vidas, fracturan familias, alimentan la violencia y son un flagelo en nuestras comunidades”, dijo el Fiscal Federal Interino Ramírez-Carbó. “Esta organización de narcotráfico utilizaba el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para traficar cocaína desde Puerto Rico hacia varios destinos en los Estados Unidos continentales. Hoy, 17 organizadores, reclutadores y ‘mulas’ que hicieron posible su red de distribución enfrentarán las consecuencias de sus actos delictivos”.

“A aquellos que creen que pueden utilizar nuestros aeropuertos y sistemas postales para traficar sustancias ilegales: que estas detenciones sirvan de advertencia”. “Estamos vigilando y trabajando incansablemente para identificar, desarticular y desmantelar sus operaciones”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI.

La acusación formal alega que, desde noviembre de 2022, los acusados ​​conspiraron para poseer con intención de distribuir —y efectivamente distribuyeron— 5 kilogramos o más de cocaína con el fin de obtener importantes ganancias y beneficios económicos. Estas personas transportaban los narcóticos a través del aeropuerto y por correo hacia los Estados Unidos continentales, utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

 

Los acusados ​​en el caso son:

[1] Francisco J. Sánchez-Roque, alias “Chuleta”

[2] John O. Espinal-Zorrilla, alias “Taker”

[3] Humberto Mercedes-Ruiz, alias “Brujo”

[4] Michael J. Camacho-Rodríguez, alias “Tiza/Chuky”

[5] Emanuel Miranda-Calvo, alias “Shelby”

[6] Kidanny J. Maysonet-Morales, alias “KJ/Kid/Kajoota”

[7] Luis D. Ramos-Ortiz, alias “PO/Podri”

[8] Thalia González-Van Tull

[9] Wilfredo Maldonado-De Jesús, alias “Marzan”

[10] Héctor I. López-Franceschi, alias “Ivancito/Ricitos”

[11] Johhy J. Figueroa-Mangual, alias “Jotta-Jotta”

[12] Erika M. Fernández-Miranda

[13] Christian J. Rivera-Caraballo

[14] Victor Pérez-Medina

[15] Bryan A. Serrano-Pérez

[16] Héctor R. Ortiz-Torres

[17] Jeremy Torres-Charbonier

De ser hallados culpables de los cargos relacionados con drogas, los acusados ​​se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Un juez de distrito federal determinará… …cualquier sentencia tras considerar las Directrices Federales para la Imposición de Penas (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores legales.

HSI estuvo a cargo de la investigación.

La Fiscal Federal Adjunta (AUSA) y Jefa de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional, María L. Montañez-Concepción, está a cargo de la acusación en este caso.

Esta acción judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) establecido por la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el peso de las fuerzas del orden de los Estados Unidos a identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en la trata de menores u otros delitos que involucran a niños. Asimismo, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos.

 

El HSTF de San Juan está integrado por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., DEA, ATF, IRS, la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los EE. UU., el programa HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU., TSA, FAA y las Fiscalías Federales para los Distritos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los EE. UU.

El HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; la Guardia Nacional de Puerto Rico (Programa Antidrogas); el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico e Islas Virgenes.

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